El episodio de filtraciones de agua en el interior del muelle internacional del aeropuerto Ernesto Cortissoz –que condujo a funcionarios de Migración Colombia a protegerse con un paraguas, mientras realizaban sus labores– avergüenza, pero no sorprende. Es uno más en la larga lista de inconvenientes e incomodidades que los usuarios de la terminal aérea, con infinita paciencia, han debido afrontar durante los últimos cinco años. Este es el tiempo que ha transcurrido ya desde el inicio del plan de obras de ampliación y modernización del Cortissoz, en el que se invierten $610 mil millones, y que, a día de hoy, avanza en sus etapas 3 y 4 de 8 previstas. En este sentido, debido a lo molesto de la situación, pero sobre todo de lo reiterativa, el dolor de cabeza en el que se ha convertido el aeropuerto aún estaría lejos de terminar.
Pese a que el Grupo Aeroportuario del Caribe, operador del Cortissoz, documenta avances en el contrato de concesión, como la repavimentación de la pista –dotada con nuevos y modernos sistemas de luces de aproximación que la certifican como una de las mejores del país– la experiencia de los viajeros al usar los servicios de la terminal aérea no alcanza mínimos estándares de satisfacción. Vale la pena precisar que la percepción sobre el aeropuerto va mucho más allá de un tema estético. Si bien es cierto que a la ciudadanía en general no le gustó cómo quedó la fachada, los principales cuestionamientos son de carácter operativo. No resulta lógico que, luego de tantos años con frentes de trabajo abiertos para avanzar en la entrega de infraestructuras remodeladas, persistan tantos problemas de obras inconclusas; áreas con evidentes deterioros –como filtraciones y averías–; sistemas que no registran un adecuado funcionamiento, entre ellos el de climatización e iluminación; o procesos que aún no arrancan, como el de Bioming –los dispositivos de reconocimiento biométrico para agilizar el ingreso de los pasajeros internacionales al país– que aunque debe ser suministrado y asumido por Migración Colombia requiere adecuación de espacios físicos por parte del concesionario. En el mejor de los escenarios, los pasillos migratorios para el sistema estarían habilitados en seis meses.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reconoció en junio pasado, luego de fuertes señalamientos de diferentes sectores, que los retrasos en la ejecución del proyecto se debían a problemas financieros. Dicho de otra manera, se quedaron sin recursos, entre otras razones por el impacto económico derivado de la emergencia sanitaria que obligó al cierre de los aeropuertos del país durante al menos cinco meses. El presidente Iván Duque lo ratificó, en reciente entrevista con El HERALDO. “Se necesitaba hacer un ajuste para terminar algunas de las obras y garantizar el flujo de recursos y préstamos”, señaló. También indicó: “La ANI estaba resolviendo el acceso a recursos por parte de quienes están encargados de la obra”. Por lo que esperaba que el tema quedara superado antes de cerrar este 2021, para honrar su palabra de entregar el Cortissoz “totalmente terminado” antes de finalizar su Gobierno, al que le queda menos de un año.
No parece realista esperar que las deficiencias denunciadas en la calidad de las obras queden resueltas en las próximas semanas e incluso meses, pero urge que el Grupo Aeroportuario del Caribe ofrezca respuestas claras a las quejas de usuarios, dirigencia política y autoridades que, al unísono, expresan inconformidad por un aeropuerto que sigue sin cumplir las expectativas de una región que apuesta por atraer turistas e inversionistas nacionales y extranjeros para impulsar su desarrollo socioeconómico. Sin un aeropuerto en condiciones, este propósito podría verse amenazado. Una vez más, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, tiene la última palabra frente a los reparos de la ciudadanía que exige claridad frente a las inversiones, el cronograma previsto y la ejecución del proyecto que debería estar listo en el primer semestre de 2022. En este estado de cosas, se debería convocar lo antes posible la reunión, propuesta por el alcalde Jaime Pumarejo con todos los involucrados, para intentar resolver –de una vez por todas– un asunto al que se le ha dado demasiadas largas.