Editorial

El Editorial | General Hernández, a la calle

Cuenta regresiva para la presentación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso, con la que se busca hacer frente a la actual crisis. Sin embargo, no se debe pensar en ella como una solución mágica. El combate a la delincuencia debe seguir, sin tregua, en las calles de nuestras ciudades.

Siempre, pero con mayor razón en estos momentos en los que la inseguridad atenaza a los ciudadanos, se hace necesario adecuar las normas vigentes que apalancan la estrategia contra la criminalidad y sus formas variopintas. La Ley de Seguridad Ciudadana, que esta semana sería presentada por el Gobierno nacional al Congreso con mensaje de urgencia, apunta en esa dirección. Luego de recabar propuestas de distintos sectores –entre ellos, Policía, Fuerzas Militares, Fiscalía, la Judicatura y entidades territoriales- los Ministerios de Justicia y Defensa parece que ya tienen terminado el proyecto que radicará el del Interior. A renglón seguido, corresponderá a los congresistas adelantar un debate constructivo, además de riguroso, sobre sus puntos centrales con el propósito de obtener disposiciones, lo suficientemente robustas para subsanar las falencias demostradas por la institucionalidad en el combate contra la delincuencia, en medio de esta crisis de magnitud nacional.

La Ley de Seguridad Ciudadana promete endurecer los mecanismos de sanción penal, en especial en el caso de hurtos, incluso en cuantías menores, con lo que se evitaría la libertad condicional o la casa por cárcel. También contempla imponer medida de aseguramiento a quien cometa delitos usando cualquier tipo de armas: desde las de fuego hasta las blancas, pasando por las traumáticas o de fogueo. Otro aspecto esencial es el tratamiento diferencial a los reincidentes –condenados que vuelven a delinquir- y a los recurrentes –procesados por otros delitos, más no condenados, que cometen una nueva falta-. Clave el fortalecimiento de la investigación criminal para contar con pruebas y evidencia física que aseguren la judicialización de los detenidos, sobre todo en flagrancia. En últimas, lo que se pone sobre la mesa es cómo articular una mejor cooperación entre las dos caras de una misma moneda: justicia y seguridad, seguridad y justicia, sin colaboración no se le podrá dar la vuelta a este entuerto en el que se demandan sanciones severas, disuasorias para los delincuentes, y manteniendo las garantías de legalidad.

A la espera de que el articulado se conozca, debata y apruebe en el Legislativo, pero además asumiendo que el papel aguanta todo, la estrategia general contra el crimen debe seguir fortaleciéndose en el país. Por supuesto también en Barranquilla, donde se han dado pasos importantes para devolverle la tranquilidad a su población. El arribo del nuevo comandante de la Policía Metropolitana, general Luis Carlos Hernández, debe servir para consolidar la lucha contra las franquicias criminales iniciada hace cerca de un mes en la ciudad. En la última semana, al oficial –se le ha visto en los sitios donde más se demanda su presencia: en los barrios cercados por los ladrones y en los buses, acompañando a los transportadores extorsionados. Hace bien. La encrucijada planteada por la delincuencia exige un trabajo permanente en la calle, con la gente, escuchándola, conociendo sus temores o angustias, para identificar no solo sus problemas relacionados directamente con temas de seguridad, sino también los determinantes sociales que los aquejan y hacen más vulnerables.

Una Policía cercana, confiable y respetuosa es la que debe prevalecer en Barranquilla y su área metropolitana. En lo inmediato, mientras retoman espacios perdidos en distintos puntos, mediante acciones conjuntas con el Distrito como los frentes de seguridad, las labores de inteligencia preventiva o las cámaras de videovigilancia compartidas con comerciantes, los uniformados de la Metropolitana tienen que ofrecer las señales correctas de que ningún acto de corrupción les es tolerable. Recuperar la confianza de la ciudadanía no se conseguirá de la noche a la mañana, pero si media una verdadera transformación interna se podrán lograr victorias iniciales. Las calles de nuestras ciudades no pueden ser tierra de nadie donde impere la ley del más fuerte o el sálvese quien pueda. Vivir en paz, bajo condiciones mínimas de seguridad, es un principio básico de la coexistencia pacífica y armónica, hoy seriamente alterado por el accionar indiscriminado de estructuras delictivas que se jactan de sus crímenes con impunidad. General Hernández, a la calle. Necesitamos que a usted y a sus más de 4 mil mujeres y hombres les vaya bien. Nada más cierto que la unión hace la fuerza, y ante la actual crisis, no solo debe liderar con el ejemplo, sino enfrentar todos los eslabones de la cadena de criminalidad que, sin la adecuada atención, seguirá poniendo en riesgo a la población.

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