Editorial

¿Estrategia fallida contra el Clan del Golfo?

Los efectos del paro armado del Clan del Golfo se sienten en extensas regiones, en particular en la Costa y Antioquia. No solo en términos humanitarios, también su impacto socioeconómico empieza a ser evidente. Las comunidades permanecen confinadas, pese a la reacción de la fuerza pública.

Por quinto día consecutivo, el paro armado del Clan del Golfo mantiene sometidos a miles de habitantes de municipios de Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó, entre otras regiones, donde las previsibles represalias de los integrantes de la banda criminal más peligrosa del país -tras la extradición de su exlíder alias Otoniel- han desafiado, como nunca antes, a la institucionalidad. Sin tregua, desde el inicio de esta repudiable ofensiva, cada 20 minutos se ha registrado en las zonas impactadas una acción violenta causando enorme afectación en la libre movilidad, el abastecimiento de alimentos, la prestación de servicios de agua y gas, y en la atención en salud. Derechos fundamentales de la población civil que se encuentran hoy en jaque por el terrorismo de esta estructura delincuencial. ¡Inaceptable! Lo que está ocurriendo es realmente grave, además de indignante: más de 100 horas de confinamiento y miedo. 

Pese a los patrullajes de la fuerza pública que incrementó su presencia en distintas zonas, en especial en los corredores viales donde han sido asesinadas personas e incinerado vehículos, el temor no cede ni un ápice entre los pobladores de territorios históricamente olvidados, donde esta organización armada ilegal ejerce un férreo control social, reclutando menores, extorsionando, delinquiendo y lanzando todo tipo de intimidaciones y amenazas, obligándolos a guardar silencio o a colaborar con sus actividades de narcotráfico y minería ilegal. En el actual contexto, aunque ‘Otoniel’ se encuentre en los Estados Unidos a buen recaudo de la justicia norteamericana, la realidad confirma que poco o nada ha cambiado en las áreas donde los 3 mil miembros del Clan del Golfo han concentrado sus bastiones de poder en 240 municipios del país.

Los ataques criminales de sus sucesores ‘Chiquito Malo’ y ‘Siopas’ –por quienes las autoridades ofrecen $5 mil millones de recompensa– además de ‘Gonzalito’, a quien se le atribuyen los hechos violentos en el Atlántico, confirman aquello de que “a rey muerto, rey puesto”. Es la norma en el turbio mundo de la ilegalidad. Desconcierta, eso sí, que solo hasta ahora –luego de la extradición de ‘Otoniel’– y en medio de esta bien orquestada ofensiva violenta, el Ejecutivo decida ordenar un despliegue sin precedentes contra estos individuos a quienes ya había identificado como los nuevos capos del Clan del Golfo, anunciando que serán perseguidos con bloques de búsqueda regionales y hasta una “célula especializada”, similar a la que lideró la lucha contra los carteles de Medellín y Cali en los años 90.

Sin duda, lo que ha estado ocurriendo en departamentos de la Costa y del noroeste de Colombia nos retrotrae a gravísimos sucesos ocurridos en el pasado, cuando otras organizaciones armadas ilegales hacían saltar por los aires, literalmente, las políticas de seguridad de los gobiernos de turno. Hoy volvemos a ser testigos de cierres nocturnos de carácter preventivo en importantes corredores viales o de caravanas de transportadores de carga pesada, de buses intermunicipales o de vehículos particulares que deben ser escoltadas por el Ejército y la Policía para asegurar su protección. Situación totalmente anómala que envía un preocupante mensaje no solo en términos de la capacidad de las instituciones para garantizar el orden público en el país, sino en cuanto a los efectos socioeconómicos que el paro, pese a ser un evento coyuntural, pueda desencadenar en el ya elevado costo de vida para los colombianos, por la reducción en el volumen de carga, pérdidas y sobrecostos en la cadena de valor del sector. No menos importante es la afectación que esta crisis pueda desencadenar en la educación que reciben cerca de dos millones de alumnos de los territorios en riesgo.

En Colombia nos cuesta aprender lecciones. El ultraje que están soportando miles de compatriotas es una demostración de ello. ‘Otoniel’, un maleante de lo peor, ya no cuenta. Pero su organización ilegal permanece intacta en extensos territorios haciendo una infame demostración de fuerza que demanda un liderazgo a toda prueba. Se echa en falta. Porque el Clan del Golfo solo cambió de cara visible, sus métodos violentos de control territorial no variaron, tampoco su estructura narcotraficante. Sus herederos caerán, ojalá lo antes posible, pero eso no garantizará su final. La estrategia debe cambiar. No solo basta destronar a los nuevos ‘Otoniel’, puesto que siempre habrá candidatos para reemplazarlos y cualquier triunfo de la legalidad quedará bastante lejos de la realidad sobre el terreno, teniendo el mínimo impacto en el duro sinvivir de quienes están sometidos a su crueldad.

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