La incautación récord de más de 106 toneladas de cocaína este año en los puertos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, cifra que dobla la de todo 2021, debe marcar un punto de inflexión sobre el crecimiento desbordado del narcotráfico en Colombia. Solo en la capital del Atlántico, tras el más reciente decomiso de 2,7 toneladas de cocaína en contenedores con rumbo a Valencia, España, la cantidad de droga descubierta hasta ahora por las autoridades iguala la hallada durante los doce meses del año anterior, a falta aún del último trimestre.

Hacerle frente a las poderosas redes de mafias transnacionales, usualmente articuladas con organizaciones criminales nacionales, en primera instancia, y con bandas locales en los territorios, exige una estrategia distinta, innovadora o disruptiva si cabe, para dejar de caer en la característica ineficacia de la lucha para perseguir y desmantelar un lucrativo negocio que lo permea todo, absolutamente todo. Y quien diga lo contrario, miente.

Es evidente la relación entre el aumento de hechos violentos, puntualmente casos de sicariato, en ciertas ciudades del país con la operación portuaria, tanto en sus zonas marítimas como fluviales, legales e ilegales. El acelerado deterioro de la seguridad en las capitales de los tres más importantes puertos del Caribe, al igual que en los distritos de Buenaventura y Tumaco, en la Costa Pacífica, recurrentes escenarios de confrontaciones entre estructuras armadas ilegales, confirman las dimensiones del desafío derivado del narcotráfico en sus diferentes escalas. 

Militarizar estas ciudades, como se reclama tras cada nueva demostración de la brutalidad del crimen organizado, no conduce a superar una profunda crisis multidimensional que, como quedó demostrado en la masacre del barrio Las Flores, pone en riesgo la integridad de ciudadanos inocentes que resultan víctimas de las vendettas entre mafiosos.  

Por mucho que se pongan en marcha acciones ofensivas e intervenciones policiales para neutralizar esta amenaza descomunal, si no se rompe el contubernio entre los más potentes eslabones de la ‘narcocadena’ con las instituciones corruptas –llámense administraciones, aduanas, fuerza pública, al igual que empresarios o empleados del sector privado, entre otros–, no será posible debilitar el omnipresente tráfico ilegal de drogas. Sobre todo en los territorios donde la presencia del Estado es poco más que simbólica. Quienes contaminan los contenedores o ejecutan el famoso gancho ciego siempre han sido el segmento más débil de estructuras criminales que, hoy por hoy, campean a sus anchas dándose la gran vida o posando de ‘gente de bien’ en los niveles más sofisticados dentro y fuera del país. 

Llegar a estos últimos, porque de los primeros se tiene más que certeza sobre quiénes son y dónde están, demanda, como la Fiscalía General Seccional Atlántico le aseguró a EL HERALDO, redefinir la estrategia de combate contra el narco, volcando toda la inteligencia del Estado en este propósito. No se refiere necesariamente a un nuevo método de trabajo, sino a focalizar la búsqueda de información, su procesamiento y análisis para producir más resultados. Una línea que anunció el propio presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión: “inteligencia del Estado para combatir la corrupción”. Y en el negocio ilícito del narco sí que existe de sobra: ¡demasiados untados tapándose con la misma cobija, mientras cárceles y cementerios siguen llenándose con las víctimas más débiles de esta guerra perdida!

Como si fuera un mantra, el jefe de Fiscalías del Atlántico, Justino Hernández, señalaba hace unos días refiriéndose al caso de Las Flores: “El hecho nos tiene que llevar a la situación”. Pues ahí están, delante de nosotros. No de ahora, desde siempre. ¿Cómo romper, entonces, la inercia de una realidad intergeneracional que condena a jóvenes vulnerables a ser víctimas y victimarios del narcotráfico, en particular ahora que nuevos actores: desde los carteles mexicanos hasta el Clan del Golfo, pasando por ‘los Costeños’ o ‘los Rastrojos Costeños’, entre otros, se han posicionado como los mandamases de la criminalidad en los puertos legales e ilegales de Barranquilla y el Atlántico? 

Combatir con eficacia este flagelo pasa, sin duda, por entender que nada de lo que ocurre hoy en el departamento es aislado. También lo es asumir que frente a las responsabilidades repartidas por las autoridades ni son todos los que están, ni están todos los que son.