Editorial

El reto de la seguridad electoral ante la criminalidad

2022, crucial año electoral, está siendo también uno de los más difíciles en términos de criminalidad urbana y rural. Ad portas de la elección presidencial, distintos organismos piden al Gobierno nacional garantías de seguridad, igualdad y libertad para los votantes, todo un reto para las instituciones. 

Los más de 300 hechos de violencia que se presentaron en el reciente paro armado del Clan del Golfo en cerca de 180 municipios de 11 departamentos del país, buena parte de ellos en la Costa Caribe —con una enorme afectación entre sus comunidades— pusieron al descubierto o mejor, confirmaron el preocupante deterioro de la seguridad urbana y rural en Colombia. Sobre todo en zonas del Pacífico, en la frontera con Venezuela o en el sur de Córdoba y de Bolívar. Territorios sin dios ni ley en los que pese a los esfuerzos del Estado por contrarrestar la ofensiva de los ilegales, las dinámicas del conflicto o la reconfiguración de las distintas formas de criminalidad cobran casi a diario la vida de integrantes de la fuerza pública y, por supuesto, civiles, en especial de líderes sociales, políticos y comunales. 

Dolorosa realidad que no se puede esconder ni debería normalizarse porque es más que evidente su impacto en las frágiles condiciones de vida de quienes permanecen sometidos a las acciones delictivas y enfrentamientos del Clan del Golfo, el ELN o las disidencias de las Farc. Actores armados que se disputan el dominio de extensas áreas en las que imponen a sangre y fuego sus negocios ilícitos modelando escenarios de elevada conflictividad que se hacen aún más inestables en términos humanitarios cuando se incorporan las estrategias de la Fuerza Pública para contener el inaceptable avance de la ilegalidad. Este es el volátil contexto de seguridad en el que se celebrarán las elecciones presidenciales el domingo 29 de mayo, todo un reto para la institucionalidad que desplegará casi 300 mil soldados y policías para asegurar el proceso. 

Distintos informes coinciden en que se afrontan serias amenazas, principalmente del Clan del Golfo y del ELN, en regiones con factores de riesgo “extremo y alto” que vulnerarían los derechos humanos de sus habitantes. La Defensoría del Pueblo señala que la situación más crítica la afrontan 84 municipios de un total de 290, en los que existe fuerte influencia del narcotráfico, control social y territorial para expandir economías ilegales, luchas abiertas por el dominio de corredores estratégicos de movilidad, y una creciente violencia contra los liderazgos. Las razones del organismo para reclamar al Estado protección real y efectiva para la libre participación de los votantes son consistentes con los hechos allí registrados durante el periodo del calendario electoral (2021-2022), considerado el más violento de los últimos 12 años por la Misión de Observación Electoral (MOE). Otra de las entidades que demanda garantías adicionales para lo que queda de la campaña presidencial y los mismos comicios.

Cauca, Nariño y Chocó, en el Pacifico, al igual que Antioquia y Norte de Santander, este último en la porosa frontera con Venezuela, se encuentran en alerta permanente. Los paros ordenados por el Clan del Golfo o el ELN, así como la presencia de ‘los Pachenca’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, incrementaron la alarma en Córdoba, Sucre, La Guajira y Magdalena en el último año. Hasta el punto de que en la Costa Caribe, son 15 los municipios que hoy concentran la atención especial de las autoridades, según le reveló el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, a EL HERALDO. Casi todos en el sur de Bolívar, particularmente Arenal, Cantagallo, Simití, San Pablo y Santa Rosa del Sur, donde son recurrentes los desplazamientos de sus poblaciones atrapadas en el fuego cruzado de las estructuras violentas arraigadas históricamente en esas tierras.

El sostenido aumento de la violencia, sobre todo en los puntos donde son frecuentes crímenes selectivos y masacres- enrareció el ambiente electoral de 2022, a diferencia del escenario de hace cuatro años. Un asunto que debería convertirse en prioridad para quienes aspiran a dirigir al país, del que también forma parte esa Colombia profunda —violentada, desplazada o confinada— que se siente huérfana de Estado. Ni la impunidad alrededor de los crímenes o agresiones contra los distintos liderazgos ambienta condiciones para unas elecciones en calma, ni la tendencia de subestimar o minimizar la situación de inseguridad ciudadana y criminalidad territorial desde las administraciones públicas las resolverá por sí solas. En consecuencia, resulta imprescindible que el Gobierno nacional garantice los derechos de todos los colombianos en condiciones de igualdad y libertad, adoptando —si se precisa— medidas excepcionales e investigando denuncias vinculadas con delitos electorales y demás hechos violentos que han empañado la actual campaña.

 

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