La captura de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, constituye el mayor golpe de la institucionalidad colombiana, en su historia reciente, contra la soberanía criminal que peligrosos delincuentes -como él- jamás dejan de abrazar. Su detención pone fin a una vida dedicada a la ilegalidad, a la que le llegó la hora de rendir cuentas por sus múltiples delitos, abusos y atrocidades. Bien sea en Colombia, donde tiene más de 120 órdenes de captura, o en Estados Unidos, que lo solicita en extradición, ‘Otoniel’ debe pagar. Su destino, y él más que nadie lo tiene claro, es ineludible.

Al crimen siempre se le debe perseguir. Por fortuna, los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque mantuvieron, durante los últimos seis años, una ofensiva permanente, con miles de integrantes del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, rastreando las inhóspitas selvas de Urabá, lo que finalmente permitió ubicar, infiltrar y acorralar a ‘Otoniel’, en la zona donde se sentía más seguro. Ni la violenta milicia destinada a protegerlo -a través de sus ocho cordones de seguridad- ni sus hombres más cercanos pudieron contener el despliegue sin precedentes de la ‘Operación Osiris’. El mensaje que deja esta acción conjunta permite concluir que, aunque cueste lo que cueste, ningún sitio debería estar vedado para las fuerzas del orden. Así lo han demandado los colombianos durante décadas.

Tampoco se puede perder de vista que este resultado operacional, reconocido incluso por los críticos más feroces de la actual administración, revalida la enorme importancia del trabajo en equipo en pos de un objetivo común, algo que la ciudadanía echaba de menos. Indudablemente, la captura de este “objetivo de alto valor estratégico” –como se catalogaba a ‘Otoniel’ en el argot militar- será clave para superar viejas rencillas entre las fuerzas armadas, construir nuevos espacios de confianza y consolidar una relación más articulada entre sus comandantes. Es lo que corresponde cuando la seguridad y bienestar de la población, en especial la de los territorios rurales, se encuentra bajo fuego.

Pero sobretodo, la detención del líder del grupo criminal más grande del país fortalece al Estado colombiano, que la calificó como “un triunfo de la legalidad”. Sin duda lo es. Lo que aún está por verse es si, como señaló el presidente Iván Duque, esta supondrá “el fin del Clan del Golfo”. Más allá de los formalismos, su discurso victorioso debería traducirse, cuanto antes, en hechos concretos, para evitar aquello de ‘A rey muerto, rey puesto’. Reforzados por este significativo paso en la lucha contra el crimen organizado, Gobierno, Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía, entre otras expresiones de la institucionalidad, deben volcarse a las zonas de dominio del Clan del Golfo para evitar un nuevo ciclo de violencia tras la salida de escena de ‘Otoniel’.

En suma, tendrían que anticiparse a la guerra fratricida por el poder que se desataría entre sus miembros en las regiones donde hace presencia. Claramente, la caída de ‘Otoniel’ significa el fin de la hegemonía de la familia Úsuga. Alias Giovanny, su hermano, con quien consolidó el emporio criminal, heredado del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, falleció en un operativo policial en 2012. Desde entonces, varios de sus familiares vinculados a la estructura del clan resultaron muertos, capturados y, en algunos casos, extraditados a Estados Unidos. Sin los Úsuga al frente, el cartel también podría intensificar sus acciones violentas en retaliación a la captura o dividirse. Ningún escenario es bueno. El control del lucrativo negocio del narcotráfico, auspiciador de las más aterradoras lógicas criminales, es lo que está en juego.

Preocupa la fragilidad del sur de Córdoba o sur de Bolívar, donde el Clan del Golfo disputa el control de las rentas ilícitas. También sus intentos de expansión en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La apuesta de estos criminales, bajo el liderazgo de los posibles sucesores de ‘Otoniel’, alias Chiquito Malo o alias Siopas, para mantener su dominio territorial con arraigo social, impartir justicia e incrementar su poderío económico ilegal, debe ser repelida con presencia robusta del Estado, además de cualquier estrategia armada. Desarticular la cultura criminal impuesta por el Clan del Golfo requerirá una enorme fortaleza institucional. Se demostró con la ‘Operación Osiris’, corresponde ahora ocuparse de lo social.