Desconcierta el lamentable episodio que involucra a la funeraria Capillas de la Fe de Barranquilla por el traslado irregular de cuatro cuerpos desde la capital del Atlántico hasta la ciudad de Montería, sin el conocimiento ni la autorización de, al menos, una de las familias de los fallecidos, según pudo comprobar EL HERALDO. Estas personas, además del dolor por la pérdida de su ser querido, están teniendo que lidiar con la indignación por el insólito hecho y sobre todo con el engaño al que los sometió la funeraria que prestó los servicios exequiales, según expresaron.
El delicado asunto ya está en manos de la justicia luego de la denuncia penal instaurada por la Alcaldía de Barranquilla para establecer responsabilidades y determinar si la funeraria incurrió en delitos al llevar a cabo el traslado de estos cuerpos sospechosos de COVID-19, incumpliendo la normativa del Ministerio de Salud que, en reiteradas resoluciones, ha indicado que en estos casos “no se permitirá el traslado hacia otra ciudad o municipio para su disposición final”.
Al ser requeridos, los encargados del traslado de los cadáveres aseguraron a la Policía en Córdoba que contaban con los permisos para el desplazamiento el 4 de junio. Pero ni secretaría de Gobierno ni de Salud de Barranquilla los habían otorgado, lo que hizo saltar todas las alarmas frente a la presunta anomalía. Primer campanazo. La revisión de las actas de defunción de los cuatro cuerpos, tres de Barranquilla y uno de Soledad, también generó dudas por inconsistencias que se habrían detectado al contrastarlas con las historias clínicas de los fallecidos y las causas de sus decesos. Segundo campanazo.
Finalmente los cuerpos fueron cremados en Montería, el 5 de junio, por decisión de las autoridades de Córdoba para minimizar cualquier posible riesgo de contagio. Mientras esto ocurría, la sede de la funeraria Capillas de La Fe en Barranquilla era sellada por la secretaría de Salud. En un comunicado, la funeraria indicó que trasladó los cuerpos a Montería ante la falta de capacidad de los hornos crematorios de Barranquilla por la elevada demanda y dijo que no conocía el procedimiento en caso de un colapso del servicio de los hornos, ni que debía pedir autorización para mover los cuerpos. Sin embargo, desde marzo, existe una guía del Ministerio de Salud, dirigida entre otros a funerarias, con este tipo de orientaciones. Tampoco explicó por qué no avisó a los familiares ni coordinó el traslado con autoridad alguna. Tercer campanazo.
El Distrito expidió una circular, con fecha 5 de junio, en la que reconoció que, debido a la alta demanda de los hornos crematorios durante las últimas semanas, se ha “empezado a desbocar la capacidad instalada a nivel funerario con respecto al servicio de disposición final del cuerpo mediante cremación”, y que, ante esta contingencia, avaló la inhumación para fallecidos positivos y sospechosos de COVID-19, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Cuarto campanazo.
Este incidente genera enormes dudas acerca del manejo y la disposición de los cadáveres en medio de la pandemia que realizan funerarias, no sólo de Barranquilla, sino de muchas otras regiones. El malestar es creciente. Hace justo un mes, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que adelantaba 86 requerimientos a funerarias del país, luego de recibir quejas ciudadanas por demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de información a familiares de los fallecidos y cobros adicionales, aprovechando la emergencia. Oportuno que se conozcan resultados.
Difícil imaginar un momento más complejo que éste para que se genere una crisis de confianza con las funerarias, que hoy más que nunca deberían ser fieles a la promesa de prestar un servicio respetuoso, con infinitas dosis de humanidad y ética, capaz de brindar soporte emocional a las personas ante la pérdida de un ser querido. Confrontarse con la muerte siempre es difícil, y la pandemia, que sigue extendiéndose, sumando nuevos contagios y más muertes, está demandando, día tras día, una mejor articulación entre las autoridades locales, prestadores de servicios de salud y funerarias, entre otros actores, que serán exigidos cada vez más frente a una adecuada gestión de la crisis que tendrá en junio, julio y agosto sus picos más intensos.
