https://www.youtube.com/watch?v=r7pLjaXuOb8

Quedan 2 días para la primera vuelta presidencial del periodo electoral más convulso de las últimas décadas en Colombia. Ha sido un tiempo de desgastante confrontación entre los candidatos punteros, marcado por el sectarismo o los siempre rentables discursos populistas, y ausente de propuestas relevantes o debates razonables conducentes a discutir cuáles son las salidas más pertinentes, y sobre todo viables, para encauzar el rumbo de la nación. Muchos ciudadanos se quedaron esperando análisis reflexivos y moderados acerca de asuntos de distinta naturaleza y significativa importancia que están empujando la vida de los colombianos al límite, al margen de su condición social, económica o política.

El fantasma del fraude agitado por el Pacto Histórico, uno de los sectores en contienda, al igual que el de la desconfianza por la legitimidad o transparencia del proceso electoral compartido por buena parte, si no por todos los partidos y organizaciones políticas, en vista de la suma de desaciertos detectados en los escrutinios de las legislativas, han exacerbado temores e incluso, fanatismos de quienes estando en orillas ideológicas distintas, estarían decidiendo su voto por emociones, más que por interés o conocimiento de los planes de gobierno defendidos por los aspirantes a la Presidencia de la República.

Precisamente, debido a las escasas o limitadas proposiciones de los candidatos sobre la situación del Caribe colombiano, agravada además por el impacto de la pandemia, tres centros de pensamiento delinearon con acertada realidad, insumo imprescindible a la hora de explorar soluciones a las crisis, posibles rutas a seguir por el próximo jefe de Estado, independientemente de quién llegue a gobernar. Fundesarrollo, de Barranquilla, Atarraya, de Montería, y Cesore, de Valledupar, evaluaron los 10 principales desafíos de nuestra región, en la que 11 millones de personas (incluida los habitantes de San Andrés y Providencia) afrontan urgentes necesidades con un denominador común: la pobreza que lacera a la mitad de ellas, en especial en la ruralidad. Ni con acciones ejecutadas durante años, la carencia extrema de recursos vitales que soporta esta población cede terreno. Algo no se está haciendo bien.

El hambre aparece de primero en el listado. ¡Faltaría más! Una pesadilla que se ensaña particularmente con los niños, sobre todo de La Guajira, donde la mortalidad infantil es de 53 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos, cuando la media nacional es de 17. La inseguridad alimentaria se disparó con la pandemia por la falta de empleo e ingresos de la gente más frágil, la carestía ha hecho el resto. Sin trabajo de calidad, con el 50 y 70 % de la población ocupada en la informalidad y ganando apenas lo del diario para sobrevivir, será realmente difícil superar la desnutrición infantil. Frente a la escasez de lo básico, el Estado debe incrementar sus transferencias a los más pobres, para asegurar cobertura, y atender a los grupos en mayor riesgo; en tanto, crea empleo digno y equilibra la demanda del mercado laboral con las capacidades, conocimientos o habilidades de quienes buscan ocuparse. Formalizar, por cierto, es una de las claves.

También lo es elevar la productividad y competitividad de la región, diversificar su economía, mejorar su deficiente conectividad vial, y aumentar el acceso a lo digital, entendiendo las particularidades de cada territorio. Atlántico no tiene la misma vocación de Córdoba, ni Sucre la de Bolívar. Conviene ser conscientes de sus debilidades y fortalezas para reconducir estrategias y establecer prioridades. En el sector educativo, por ejemplo, urge ampliar la jornada única, mejorar infraestructura y los programas de formación de docentes. Superar el retraso en cobertura y calidad de los servicios públicos es fundamental porque sin ellos no habrá desarrollo económico ni social. Así de claro. Cerrar filas en la lucha contra las altísimas tasas de embarazo adolescente en los departamentos costeños –entre las más altas del país– o atender problemáticas ambientales son inexcusables. En ambos casos, si no se les da una salida acertada se corre el riesgo de que se conviertan en trampas de la pobreza para los más vulnerables. ¿Demasiadas demandas? La verdad es que nos quedamos cortos en señalar las privaciones que obstaculizan el progreso de la región, donde las expectativas son cada vez más grandes para alcanzar una verdadera transformación económica y social de la mano de un gobernante que de verdad sea capaz de asumir con grandeza la histórica deuda con la Costa Caribe.