En más de una ocasión nos hemos referido en este espacio editorial a la libertad por vencimiento de términos, un beneficio que la ley otorga al preso cuando la justicia no actúa en su caso con la agilidad requerida.

Siempre hemos subrayado que nos parece razonable la existencia de dicha figura, porque un ciudadano que ha sido privado de libertad en espera de juicio no puede permanecer encerrado de manera indefinida sin que los tribunales decidan su caso. Para evitar esta situación, la ley establece unos plazos dentro de los cuales deben desarrollarse el proceso, cuyo cálculo, todo sea dicho, puede prestarse a veces a controversia entre las partes por discrepancias en el cómputo de los tiempos.

Ahora bien, que apoyemos la existencia de este beneficio penitenciario no impide que compartamos la preocupación de buena parte de la sociedad sobre la manera en que se está aplicando en nuestro país. 
El vencimiento de términos puede obedecer a que la plantilla de jueces es insuficiente para atender el cúmulo de expedientes que llegan a sus despachos. También pueden ser resultado de negligencias de togados o de maniobras dilatorias de abogados inescrupulosos. El hecho es que casi no pasa día sin que nos enteremos de que algún presunto delincuente queda en liberad porque no se han cumplido los plazos procesales.

Es cierto que la libertad por vencimiento de términos no significa la exculpación del beneficiario de la medida, ya que sigue vinculado a la investigación. Pero le da la posibilidad de hacer cosas que la privación de libertad pretendía justamente impedir, como destruir pruebas, alterar el proceso o seguir delinquiendo.

El último caso notorio de aplicación de este beneficio ha causado comprensible indignación en la sociedad. Nos referimos al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien permanecía preso desde hace casi dos años por el ‘cartel de la toga’. En mayo pasado, un juez le negó la libertad con el argumento de que había transcurrido el tiempo sin que empezara el juicio debido a las maniobras dilatorias de la defensa. Sin embargo, Ricaurte apeló, y el martes pasado el Tribunal de Bogotá falló a su favor.

Más allá de si el fallo estuvo bien fundado o no, el mensaje que se traslada a la sociedad es altamente nocivo. Se supone que un escándalo de esta envergadura, que implica a exmagistrados del más alto tribunal del Estado, debería ser tratado con especial atención y resuelto con ejemplaridad. Pero lo que están viendo los ciudadanos es que el tiempo ha transcurrido sin que la justicia cumpla con su misión.

Sí: Ricaurte se benefició de la ley. Pero sería bueno que alguien explicara con claridad por qué se dejaron vencer los términos en un caso como este.

Se supone que un escándalo de esta naturaleza, que implica a exmagistrados del más alto tribunal del Estado, debería ser tratado con especial atención y resuelto con ejemplaridad.