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El Editorial | ¿Censura o mesura?, la delgada línea de las redes sociales

Frente a la decisión de Twitter de eliminar un trino de Álvaro Uribe por “glorificación de la violencia”, se abre el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas de medir las consecuencias de sus publicaciones.

El debate en torno a la decisión de Twitter de eliminar un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras considerar que la publicación infringía las normas de la red social, no debe pasar desapercibido en un país al que le hace falta poner sobre la mesa el papel, los alcances y los marcos jurídicos que rigen a las redes sociales, así como el uso que usuarios como figuras públicas deben hacer de las mismas.

En el trino en cuestión, Uribe pedía el apoyo para que policías y soldados pudieran “utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

En este escenario surge la palabra censura de una parte de los internautas que cuestionan la decisión de la red social y consideran que coarta la libertad de expresión de los ciudadanos. También están quienes aseguran que Twitter hace las veces de juez al equiparar el ejercicio legítimo de la autoridad con la "glorificación de la violencia".

En otro frente están quienes entienden el hecho como una medida de mesura más que necesaria en medio de un momento delicado para Colombia, que desde el pasado 28 de abril ha venido viviendo una serie de protestas relacionadas mayoritariamente con la propuesta de una reforma tributaria que tras ser retirada por el Gobierno nacional desencadenó la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Sin embargo, es pertinente para el debate incluir también la reflexión en torno a la responsabilidad de aquellas figuras públicas de medir las consecuencias de sus publicaciones que pueden estimular escenarios nefastos de abuso de la fuerza por parte de los cuerpos armados, así como también el limbo jurídico en el que levitan estas plataformas a falta de una normativa que regule su accionar en Colombia, como sí se ha venido adelantando en países como Estados Unidos, los de la Unión Europea y más recientemente en Australia, entre otros.

Aquí surgen varias dudas, especialmente aquellas relacionadas con esas normativas que se aplican para tomar tan polémicas decisiones: ¿Cuáles son esas reglas? ¿Son mecanismos de censura o de mesura? ¿Cómo se articulan con los estados? ¿A quiénes aplican? ¿Realmente están construidas para proteger y beneficiar a los usuarios que tienen una evidente desprotección en las redes?

Cabe recordar que no es la primera vez que Twitter, Facebook y otras redes sociales toman una decisión como esta, y un ejemplo recurrente de ello es el del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien terminaron vetando de manera definitiva tras una violenta revuelta de sus partidarios que desembocó en un asedio mortal al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, hecho que lo llevó a afrontar su segundo juicio político para determinar si sus palabras habían incitado o no a la acción, una situación inédita para el país norteamericano.

No tan lejos, algo parecido le viene sucediendo al jefe de Estado brasileño, Jair Bolsonaro, a quien Twitter le ha eliminado trinos y marcado publicaciones con advertencias de que incurren en mensajes que podrían resultar engañosos.

Así, la lista es nutrida, pero definitivamente estos ejemplos deben ser vistos como una oportunidad para exigir también a todos los actores involucrados entrar en la discusión, que más allá de un ejercicio político debería hacer parte de una construcción democrática en la que la protección de los usuarios y sus derechos prime sobre cualquier interés que quiera poner a tambalear a los usuarios en esa delgada, confusa y difusa línea que continúan representando las redes sociales.

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