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Iván Duque Márquez alcanza hoy la mitad de su mandato como presidente de Colombia. Lo hace en medio de una de las más complejas crisis socioeconómicas de la historia reciente del país, consecuencia de la pandemia del coronavirus que dio un vuelco a las prioridades de este Gobierno, delineadas el 7 de agosto de 2018 durante su discurso inaugural pronunciado en las afueras del Capitolio Nacional en una singular tarde tormentosa. Compromisos luego plasmados en el Plan de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.

La atención de la pandemia, que ha acabado con la vida de cerca de 12 mil personas y contagiado a más de 357 mil en menos de 5 meses, es uno de los mayores retos que el jefe de Estado tiene por delante en el ‘segundo tiempo’ que empieza ahora. Obtener la vacuna contra la Covid y garantizar su acceso gratuito a todos los colombianos, mientras continúa expandiendo las capacidades del sistema de salud, debe ser un objetivo preferente de su gestión al frente de la coyuntura sanitaria, que debe estar acompañada de una estrategia social de gran calado para evitar que millones de personas caigan en la pobreza.

Lograr la recuperación económica y generar empleo deben ser también imperativos propósitos en el remate de la era Duque.

El Gobierno extendió la vigencia del programa Ingreso Solidario hasta junio de 2021 que, a juicio de distintos sectores, se queda corto a la hora de ofrecer un respaldo económico de emergencia para las familias vulnerables afectadas por la pérdida de ingresos. Se anticipa muy intenso el debate en el Congreso de la República donde se empezará a discutir el proyecto de ley de Renta Básica de un salario mínimo durante al menos 3 meses. El dramático escenario de recesión requiere mucho más acciones con impacto en el mediano y largo plazo que reactiven la alicaída economía del país, que sigue en cuidados intensivos con proyecciones preocupantes de una caída del Producto Interno Bruto entre el 5,6% y 7,7%, y un desempleo por encima del 21%, al término de este 2020, según Asobancaria.

“Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia” es la hoja de ruta del Ejecutivo para crear empleo y garantizar apoyo social mediante la articulación de recursos públicos y privados por más de 100 billones de pesos. Su meta es generar más de un millón de empleos en los próximos años fortaleciendo pequeñas y medianas empresas, acelerando grandes proyectos de infraestructura como autopistas de cuarta y quinta generación, aeropuertos, puertos, corredores viales, así como iniciativas minero-energéticas y de energías renovables, además de obras en el campo y municipios afectados por la violencia y la pobreza. También se contempla otorgar 200 mil subsidios de vivienda VIS y no VIS y aumentar cupos en programas sociales como Jóvenes y Familias en Acción.

Es una oportunidad histórica para que en esta etapa del Gobierno Duque se le dé un impulso a la política económica y social del país mitigando el daño que está dejando la pandemia en los hogares y en las empresas, se cree empleo formal, amplíen oportunidades para los jóvenes y mujeres, mientras se ejecutan transformaciones pendientes en sectores claves como el agro. Una ambiciosa agenda que también debe comprometer un decidido respaldo al turismo, la hotelería y los servicios asociados para lograr su recuperación.

Las grandes reformas estructurales en asuntos perentorios como la justicia, la política, lo laboral y pensional no dan espera. Antes de pensar en una Asamblea Nacional Constituyente a la medida de unos pocos, la inmensa mayoría de los ciudadanos requiere avances concretos que mejoren su calidad de vida golpeada por la pandemia. Lograr consensos en el Congreso no será fácil, menos ahora que la polarización arrecia, pero si no hay unidad de país en torno a proyectos que den respuesta a las necesidades de la población se perderá tiempo valioso.

Aunque el Gobierno ha logrado reducir los índices de homicidios, secuestros y cultivos ilícitos, entre otros, la acción de la fuerza pública se ve empañada permanentemente por escándalos en el interior de sus filas con nuevos casos de corrupción, espionaje y violaciones de derechos humanos. Lo más aberrante, los abusos sexuales de niñas y mujeres que ya están en manos de la Justicia. Preocupa el regreso de las masacres en varias regiones, así como la sistemática ocurrencia de crímenes de líderes sociales y excombatientes de las FARC a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades. Territorios en manos de la delincuencia y la criminalidad organizada que se disputan a sangre y fuego el control de los negocios ilícitos poniendo en extremo riesgo a las comunidades que quedan en medio. La seguridad ciudadana es otra asignatura pendiente.

Dos años parecen mucho tiempo, pero muy corto es el trayecto para los grandes retos que el mandatario debe no afrontar, sino liderar para conseguir cambios fundamentales que les permitan a los colombianos recuperar la confianza en el país, en sus instituciones, mejorar sus ingresos y encontrar más posibilidades de crecimiento y desarrollo, con seguridad, equidad y justicia social.