El cierre temporal del Parque Tayrona, ordenado por el Gobierno nacional mediante Resolución 091 del 17 de febrero del cursante año, y la arbitraria reapertura que acto seguido hicieron los Kogui pusieron al descubierto el conflicto latente entre la autonomía indígena y la normatividad vigente.

Aunque desde la perspectiva de los derechos y necesidades de los aborígenes algunos consideran comprensible la decisión, esto conlleva el planteamiento de serios interrogantes jurídicos y administrativos.

Lo cierto es que más allá de las motivaciones que los ‘Hermanos Mayores’ hayan tenido para reabrir el Parque, se trata de una decisión contraria al marco legal vigente y sienta un precedente delicado en materia de manejo de bienes públicos.

Y es que en un territorio históricamente tensionado por intereses económicos, ambientales y de orden público, cualquier actuación por fuera del marco institucional exige claridad, investigación y responsabilidad.

Pero la situación se agrava con denuncias de posibles presiones de actores armados y construcciones no autorizadas en el área protegida, lo que exige una respuesta institucional firme y transparente.

Es imperativo que se investiguen estos hechos y se tomen medidas para proteger a las comunidades y hacer valer la institucionalidad.

La oferta de mediación de la Alcaldía de Santa Marta es un paso positivo, que requirió un diálogo serio y constructivo entre todas las partes involucradas y que para este caso fue liderado por el Ministerio de Ambiente en un puesto de mando unificado.

La solución pasa por encontrar un equilibrio entre los derechos de los Kogui y el respeto a la institucionalidad, garantizando la conservación del patrimonio natural y cultural del Tayrona.

La complejidad del caso demanda prudencia y visión de futuro, máxime si se recuerda que el Parque Nacional Natural Tayrona es una de las áreas protegidas más importantes de Colombia, reconocida por su alta biodiversidad, playas vírgenes de arena blanca, aguas turquesas y exuberante selva tropical que invitan a visitarse.

Lo innegable es que el modelo actual de administración del Parque Tayrona ha generado descontento entre los Kogui, que argumentan que los recursos recaudados por el turismo no se traducen en beneficios tangibles para su comunidad.

Una parte importante de esos dineros se centralizan en Bogotá y desde allí se destinan a otros parques naturales del país.

Esa distribución está definida por una ley de la república y responde a un modelo nacional de financiación del sistema de parques. Es un esquema de solidaridad ambiental que, aunque discutible, tiene sustento normativo.

Por lo anterior, los Kogui han sugerido a la nación que el Parque Tayrona sea coadministrado con ellos. Una petición que en palabras se las ha llevado el viento y en escritura ha quedado en letra muerta.

El 24 de abril de 1964 el Tayrona fue declarado parque nacional natural, esto para proteger su inmensa riqueza natural y arqueológica. Forma parte de la Línea Negra, un territorio ancestral protegido por cuatro pueblos indígenas que lo consideran el ‘corazón del mundo’.

Y a propósito de esa Línea Negra, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que la instituirá para los territorios que habitan las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En su criterio, “la Línea Negra implica una reforma agraria, porque hay campesinos dentro de la Sierra Nevada que se pueden poner de acuerdo en ubicarse en tierras más fértiles, más planas, pero se necesita una acción decidida” por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Las expectativas de cómo seguirá siendo el manejo y funcionamiento del Parque Tayrona y si las medidas adoptadas fueron las mejores están a flor de piel, pues solo hasta ayer se produjo la reapertura de sus puertas, ahora con presencia permanente de, al menos, 80 miembros de la Policía Nacional de la especialidad carabineros. Además hubo el compromiso del Gobierno nacional, a través de Fontur, ministerios de Ambiente y Comercio y la Ungrd, de realizar millonarias inversiones para, entre otros aspectos, reactivar el destino.

Ojalá no se quede en anuncios y se concrete en hechos, perdurables y tangibles, que guarden el equilibrio ambiental, social, turístico y económico. El cierre temporal del Parque Tayrona, ordenado por el Gobierno nacional mediante Resolución 091 del 17 de febrero del cursante año, y la arbitraria reapertura que acto seguido hicieron los Kogui pusieron al descubierto el conflicto latente entre la autonomía indígena y la normatividad vigente.

Aunque desde la perspectiva de los derechos y necesidades de los aborígenes algunos consideran comprensible la decisión, esto conlleva el planteamiento de serios interrogantes jurídicos y administrativos.

Lo cierto es que más allá de las motivaciones que los ‘Hermanos Mayores’ hayan tenido para reabrir el Parque, se trata de una decisión contraria al marco legal vigente y sienta un precedente delicado en materia de manejo de bienes públicos.

Y es que en un territorio históricamente tensionado por intereses económicos, ambientales y de orden público, cualquier actuación por fuera del marco institucional exige claridad, investigación y responsabilidad.

Pero la situación se agrava con denuncias de posibles presiones de actores armados y construcciones no autorizadas en el área protegida, lo que exige una respuesta institucional firme y transparente.

Es imperativo que se investiguen estos hechos y se tomen medidas para proteger a las comunidades y hacer valer la institucionalidad.

La oferta de mediación de la Alcaldía de Santa Marta es un paso positivo, que requirió un diálogo serio y constructivo entre todas las partes involucradas y que para este caso fue liderado por el Ministerio de Ambiente en un puesto de mando unificado.

La solución pasa por encontrar un equilibrio entre los derechos de los Kogui y el respeto a la institucionalidad, garantizando la conservación del patrimonio natural y cultural del Tayrona.

La complejidad del caso demanda prudencia y visión de futuro, máxime si se recuerda que el Parque Nacional Natural Tayrona es una de las áreas protegidas más importantes de Colombia, reconocida por su alta biodiversidad, playas vírgenes de arena blanca, aguas turquesas y exuberante selva tropical que invitan a visitarse.

Lo innegable es que el modelo actual de administración del Parque Tayrona ha generado descontento entre los Kogui, que argumentan que los recursos recaudados por el turismo no se traducen en beneficios tangibles para su comunidad.

Una parte importante de esos dineros se centralizan en Bogotá y desde allí se destinan a otros parques naturales del país.

Esa distribución está definida por una ley de la república y responde a un modelo nacional de financiación del sistema de parques. Es un esquema de solidaridad ambiental que, aunque discutible, tiene sustento normativo.

Por lo anterior, los Kogui han sugerido a la nación que el Parque Tayrona sea coadministrado con ellos. Una petición que en palabras se las ha llevado el viento y en escritura ha quedado en letra muerta.

El 24 de abril de 1964 el Tayrona fue declarado parque nacional natural, esto para proteger su inmensa riqueza natural y arqueológica. Forma parte de la Línea Negra, un territorio ancestral protegido por cuatro pueblos indígenas que lo consideran el ‘corazón del mundo’.

Y a propósito de esa Línea Negra, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que la instituirá para los territorios que habitan las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En su criterio, “la Línea Negra implica una reforma agraria, porque hay campesinos dentro de la Sierra Nevada que se pueden poner de acuerdo en ubicarse en tierras más fértiles, más planas, pero se necesita una acción decidida” por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Las expectativas de cómo seguirá siendo el manejo y funcionamiento del Parque Tayrona y si las medidas adoptadas fueron las mejores están a flor de piel, pues solo hasta ayer se produjo la reapertura de sus puertas, ahora con presencia permanente de, al menos, 80 miembros de la Policía Nacional de la especialidad carabineros. Además hubo el compromiso del Gobierno nacional, a través de Fontur, ministerios de Ambiente y Comercio y la Ungrd, de realizar millonarias inversiones para, entre otros aspectos, reactivar el destino.

Ojalá no se quede en anuncios y se concrete en hechos, perdurables y tangibles, que guarden el equilibrio ambiental, social, turístico y económico.