La democracia en Barranquilla enfrenta este 8 de marzo una de sus pruebas más delicadas. Por primera vez, la Misión de Observación Electoral (MOE) ubicó a la ciudad en la categoría de riesgo extremo de violencia, una alerta que trasciende la tan habitual como reprochable compra de votos —delito electoral en toda regla— y se instala de lleno en el terreno de la gobernanza criminal. La confluencia de estructuras armadas ilegales, Costeños, Pepes y Clan del Golfo, sumada al accionar de bandas delincuenciales barriales, configura un escenario alarmante en el que la libertad del voto deja de ser una garantía y pasa a convertirse en una preocupación real para la ciudadanía. Pues también debería serlo para las autoridades del orden nacional y local, porque la perentoria advertencia de la MOE no surge de la nada.

La exacerbada disputa territorial que libran organizaciones criminales en distintos sectores urbanos ha intensificado asesinatos, extorsiones, amenazas y controles sociales que afectan la vida cotidiana de la gente. En ese contexto, la MOE advierte sobre un riesgo que se podría materializar de diferentes maneras, en la medida en que esas mismas estructuras terminen ejerciendo —en mayor o en menor medida— injerencia o coacción sobre los votantes, impidiendo o condicionando su participación libre, informada y sin presiones en la jornada.

Precisemos algo: el riesgo no se limita a una interrupción violenta de la jornada electoral. Elecciones habrá. La cuestión es más sutil y, por ello, más peligrosa. Prohibir que alguien acuda a las urnas, obligarlo a votar por uno o varios candidatos específicos, o supeditar su seguridad a una decisión política, constituye una clara usurpación de la soberanía popular.

Esa posible manipulación de la voluntad ciudadana, sustentada en un riguroso análisis de zonas de riesgo por violencias armadas, no puede tomarse a la ligera. Hacerlo sería una irresponsabilidad intolerable, en vista de la posibilidad real de que la ciudadanía no pueda ejercer su derecho al voto, lo cual empuja a la democracia a una zona gris de fragilidad profunda. Nada más cierto que el miedo silencia o anula conciencias y voluntades. Cuando la política es penetrada por economías ilegales que buscan proteger, vía interferencias ilegítimas, rentas, favores o silencios, la democracia deja de ser una competencia de ideas y programas para convertirse en un botín disputado bajo amenaza o a punta de fuerza bruta.

Sobre el particular, experiencias pasadas en la región Caribe demuestran que no siempre se requiere una orden explícita para torcer el voto. Basta la presencia intimidante de actores armados, el rumor de represalias o el historial de violencias en una zona para que el ciudadano entienda el mensaje. Votar —o no hacerlo— puede significar exponerse. Y cuando el miedo define la participación, el resultado electoral pierde toda su legitimidad social, a pesar de que cumpla formalmente con los procedimientos establecidos por la ley.

Urge entonces sincerarnos, comenzar por contar verdades, así sean incómodas, para poder encontrar, en vez de soluciones mágicas, acciones efectivas e inteligentes. El hecho de que Barranquilla aparezca en este nivel de alerta marca un punto de quiebre que llama a que nadie se quede de brazos cruzados. Históricamente, el Atlántico había concentrado alertas por fraude electoral —inscripciones atípicas, participación inusualmente alta o dominancia electoral—, pero el nuevo mapa muestra cómo la violencia armada gana peso como un factor determinante del actual riesgo electoral. En últimas, ya no se trata únicamente de irregularidades electorales, sino de claras interferencias ilegítimas en la voluntad colectiva.

Surge una inquietud central: ¿está el Estado en capacidad de garantizar que cada ciudadano en Barranquilla vote sin las presiones de la ilegalidad o de contener la influencia criminal el 8M? La respuesta no puede limitarse a más anuncios de seguridad o a operativos puntuales el día de elecciones. Las comisiones de seguimiento electoral, el despliegue de la fuerza pública y los llamados institucionales son bienvenidos, pero nunca suficientes si no se traducen en control efectivo del territorio y protección real al sufragante. Garantizar que se pueda votar sin presiones ni intimidaciones no es una directriz de manual, sino una obligación constitucional. Si el miedo gana, la democracia acabará pagando un alto precio.

Barranquilla está notificada. Permitir que grupos criminales influyan, direccionen e impidan el voto sería aceptar que el poder de las armas suplante al poder del ciudadano elector. Y ese es un riesgo que no se debe normalizar porque con criminales convertidos en actores políticos, lo de menos será quién gane o pierda en las urnas; el mayor peligro es que seamos los testigos inertes del entierro de tercera que se le dará al principio de la libertad política.