Lo que ahora ocurre en Córdoba desborda cualquier lectura rutinaria de una temporada de lluvias. Dos frentes fríos, fenómenos atípicos para esta época del año por su intensidad y persistencia, han puesto bajo el agua al 80 % de los municipios del departamento y golpeado a cerca de 43 mil familias.

No hablamos de los estragos de un invierno fuerte, como parece ser a simple vista; eso sería una aproximación simplista del desastre. Como bien lo definió el gobernador Erasmo Zuleta, Córdoba afronta una emergencia “sin precedentes” en su historia, que también recuerda la dureza de una crisis climática que ya no tiene vuelta atrás.

Las inundaciones han trastocado todos los engranajes de la vida de la región. Las imágenes de Montería y municipios que muestran a barrios enteros evacuados —incluso durante las madrugadas—, con familias y mascotas rescatadas y trasladadas en lanchas por el mismo río Sinú que amenaza con arrasar viviendas e infraestructuras, ilustran la magnitud de esta tragedia.

Inicialmente, todos los esfuerzos se han concentrado en salvar vidas y garantizar atención humanitaria inmediata, pero resulta inevitable no pensar en cómo se recuperará el dinamismo económico de un territorio con vocación agroindustrial, turística y comercial.

Córdoba está en pausa, con la actividad productiva paralizada, escuelas cerradas, centros de salud afectados, circuitos eléctricos desconectados por seguridad o vías convertidas en canales. El golpe económico es severo y transversal.

Ahora que el agua cubre potreros, talleres, tiendas, plazas de mercado, el ingreso, el empleo formal e informal y, en particular, la seguridad alimentaria de la población, se pone en riesgo. La factura de esta emergencia no se medirá solo en viviendas dañadas, sino en meses —o años— de retroceso productivo.

Pese a los esfuerzos institucionales del gobernador Zuleta y del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, para tratar de dar respuesta a las necesidades de los miles de damnificados, el drama social es descomunal. Niños y jóvenes fuera de sus aulas de clases, comunidades enteras ubicadas en albergues temporales, rutinas rotas e incertidumbre en aumento. Cada día de suspensión escolar e interrupción de servicios básicos profundiza brechas que ya eran bastante amplias.

Es evidente que las inundaciones apalean con más fuerza a los hogares de los que tienen poco y de quienes habitan zonas de riesgo por necesidad y no por elección.

Para quienes se preguntan el porqué de tan inédita devastación, conviene entender que la creciente de los ríos Sinú y San Jorge es consecuencia directa de la intensidad de las lluvias. En menos de una semana cayó el agua equivalente a dos meses de torrenciales aguaceros. A esa ingente cantidad de agua que baja por la cuenca, en el caso del Sinú, se le debe sumar el rebose del embalse de Urrá, por lo que los niveles seguirán altos, incluso si deja de llover.

Este drama sin visos de acabar pronto no puede diluirse en las oportunistas confrontaciones ideológicas de Petro. Es válido investigar la gestión de los embalses y sus protocolos, pero se equivoca al tratar de convertir la tragedia en una cacería de brujas para responsabilizar a generadores de energía e hidroeléctricas, en particular a Urrá, de las inundaciones y de la escasez de gas y energía en firme.

El presidente desvía el foco de lo urgente: asistencia oportuna, coordinación institucional y soluciones estructurales, para situarlo en el terreno del conflicto político. El debate de fondo, como lo planteó el gobernador Zuleta, es puntual: ¿Por qué Colombia sigue reaccionando a los desastres, en vez de anticiparse para invertir con decisión técnica en la prevención, el ordenamiento ambiental y la adaptación climática?

Hábilmente, en medio de la catástrofe, Petro busca un comodín para redireccionar el ruido y eludir que el saqueo de la Ungrd en su gobierno, que limitó la capacidad operativa de la entidad, impacte su imagen. El jefe de Estado necesita de la disputa para enmascarar sus debilidades, relativizar la gravedad de los hechos y azuzar las emociones de su electorado.

Desviar la conversación hacia culpas cruzadas no resuelve la urgencia. Otra vez el presidente anuncia declaratoria de emergencia económica para atender una situación caótica que se extiende a otras regiones. Con los antecedentes de este Ejecutivo, tan dado a manosear la figura del estado de excepción, no existe certeza de que esta tenga futuro o sirva para algo.

Córdoba necesita solidaridad nacional, recursos expeditos y presencia integral del Estado. Inundaciones tan catastróficas como estas comprometen la estabilidad socioeconómica de los territorios y, en particular, de su gente. Y ante eso, la prioridad no puede ser la viveza o la mezquindad política, sino la vida y la dignidad de miles de colombianos. ¡Movilicémonos todos por nuestros compatriotas en un momento que pone a prueba la bondad humana!