Dieciséis meses han transcurrido desde septiembre del año 2024 cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la intervención de la empresa que presta el servicio de energía a más de 1,3 millones de usuarios de 57 municipios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, producto de la grave crisis financiera en la que incurrió la compañía impulsada por las deudas con las generadoras, los altos precios de la energía por la sequía que golpeó al país ese año, las pérdidas acumuladas y, como si no fuera suficiente, las deudas del sector oficial con la compañía.

Desde entonces el Gobierno nacional hizo una serie de promesas y anuncios que poco o en nada han ayudado a superar los problemas de Air-e, pues la gran mayoría no se materializaron y la deuda con las generadoras de energía, que al comienzo de la intervención estaba cifrada en 500 mil millones de pesos, hoy llega a los 1,5 billones de pesos.

Carlos Diago –43 días de gestión–, Edwin Palma –tras cuatro meses al frente pasó a ser el ministro de Minas y Energía desde febrero de 2025–, Diana Bustamante –tres meses de labores– y Nelson Javier Vásquez Torres –le aceptaron la renuncia el viernes después de siete meses en el cargo– completan el cuadro de ‘honor’ de la seguidilla de interventores que ha tenido la empresa encargada de garantizar la prestación del servicio a más de cinco millones de personas en la región Caribe.

Como no hay quinto malo, Vásquez se supone permanecerá hasta el próximo 29 de enero al frente de Air-e intervenida y esta misma semana la Superservicios deberá informar quién será su sucesor.

Por supuesto esta nueva decisión administrativa no hace más que ratificar lo evidente: Air-e es el gran chicharrón del sector energético del país y el Gobierno nacional no ha logrado encadenar una gestión eficiente que brinde luces sobre cuál será el futuro de esta compañía asfixiada por las obligaciones. En carta blanca, hay que decirlo, tal parece que el Ejecutivo no ha dado pie con bola para solucionar un problema, gigante por demás, por el efecto dominó que la muerte definitiva de esta compañía podría tener sobre todo el sistema eléctrico de la nación.

La incertidumbre se intensifica en medio de las polémicas por las recientes medidas adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía en el marco de la emergencia económica, como la sobretasa temporal de 8 pesos por kilovatio hora que deberán pagar los usuarios del país, excepto los de estratos 1 y 2, así como la contribución que tendrán que aportar las generadoras de energía en dos pagos –2 de febrero y 15 de mayo– correspondiente al 2,5 % de sus utilidades antes de impuestos correspondientes a la vigencia de 2025.

Ya lo han manifestado los gremios del sector eléctrico, que han calificado esta última imposición como “confiscatoria” y cuestionan el hecho de que el Gobierno les meta la mano al bolsillo para con sus propios recursos pagar la deuda que la intervenida Air-e contrajo con estas compañías.

También se han pronunciado las ligas de usuarios y expertos del sector que ven con enorme preocupación los tumbos que sigue dando el Ejecutivo para ofrecer soluciones reales y definitivas para conjurar de una vez por todas la crisis desencadenada en Air-e.

Mientras tanto las deudas no paran, crecen; las tarifas en el Caribe siguen siendo las más caras del país. Nadie responde, nadie habla, nadie informa sobre cuál es la realidad de la compañía en manos de la Superservicios, nadie explica ni da un parte de tranquilidad de si hay futuro para una compañía que, en su momento, antes de ser intervenida, aparentemente daba señales de buen manejo y de mejoras en sus indicadores de servicio.

Cuántos interventores más serán necesarios para salvar la empresa o para garantizarles a los usuarios de la Costa que no seguirán sufriendo por pagar una energía cara que sobrepasa cualquier presupuesto, o para que el sector eléctrico no siga al vaivén de una intervenida compañía que representa el 28 % del mercado del país y que impacta sobre toda la cadena.

Más que nuevos diagnósticos o anuncios dilatados, el país y el Caribe esperan una solución empresarial seria, creíble y ejecutable que permita sacar a flote a Air-e y evitar una liquidación con graves consecuencias sociales, económicas y energéticas para los usuarios. Cada día sin decisiones claras profundiza el deterioro del servicio, erosiona la confianza y aumenta el riesgo de que el costo del fracaso termine trasladándose a todo el país, como ya empieza a plantearse.