El informe “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no admite lecturas complacientes.
Con vehemencia, en tono de advertencia severa, se refiere a un deterioro real y sostenido de la libertad de prensa, entendida como un pilar de la democracia, que hoy se ve cercado por violencia física e indirecta contra periodistas, estigmatización oficial y decisiones estatales que erosionan el pluralismo informativo. La CIDH lo explica perfectamente cuando confirma lo que periodistas y medios afrontamos a diario, especialmente en las regiones del país: informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Amenazas, asesinatos, desplazamientos, exilios, secuestros y todo tipo de campañas de desprestigio configuran un entorno hostil que conduce a la autocensura y vacía de información a comunidades enteras.
Es un alarmante retroceso de tipo estructural, documentado, alertado y denunciado por la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), de la que EL HERALDO hace parte.
La violencia que acosa a la prensa no es abstracta. En 2024 se registraron seis asesinatos de periodistas y más de 500 agresiones. Buena parte de ellos ocurrieron en territorios donde los grupos armados ilegales intentan monopolizar e instrumentalizar la información como mecanismo de control social. A ello se suma un fenómeno igual de grave, la estigmatización desde los altos círculos de poder, comenzando por el presidente, tan afecto a desacreditar.
Cuando funcionarios señalan a periodistas como “enemigos”, “opositores”, “neonazis”, o los asocian con rótulos infamantes, no solo muestran su verdadero talante antidemocrático, degradando el debate público; también legitiman la violencia y normalizan, cuando no alientan los ataques en su contra. El impacto es aún más profundo en el caso de las mujeres periodistas, que son blanco recurrente de repudiables agresiones misóginas y sexualizadas.
Este burdo patrón del Gobierno de la “Colombia: Potencia Mundial de la Vida”, con el que pretende deslegitimar la labor de quienes fiscalizan su labor, en particular de las mujeres, tiene efectos palpables. Luego de cada nueva andanada de expresiones estigmatizantes se dispara la violencia digital, las campañas de odio y las amenazas creíbles contra periodistas, lo cual alimenta un hostigamiento constante que, en contextos regionales de conflictividad, amplifica la vulnerabilidad de la prensa y deteriora el derecho de la gente a ser informada.
La libertad de prensa en Colombia no se garantiza con retórica. De eso estamos hasta la coronilla. El país debe conocer lo que realmente ocurre: funcionarios de alto nivel siendo afables con los medios, de cara a la opinión pública, pero debajo de cuerda pidiendo cabezas de quienes los incomodan. Posan de demócratas cuando —en verdad— están lejos de serlo.
Ante el deterioro de la libertad de prensa, acreditado en su informe, la CIDH le recomienda al Estado abstenerse de estigmatizar periodistas, proteger activamente a quienes informan, crear un registro de agresiones para prevenir riesgos, evitar el uso de medios públicos como propaganda, garantizar una pauta oficial transparente y aplicar la directiva que obliga a funcionarios respetar la libertad de expresión. No son asuntos excepcionales, sino responsabilidades conforme con los estándares internacionales de derechos humanos. La libertad de prensa es un derecho fundamental de la ciudadanía a saber, a contrastar, a disentir. En coyunturas electorales, como en la que hoy estamos, su defensa es inaplazable.
No nos cansemos de exigirle al gobierno Petro que asuma las recomendaciones de la CIDH, ni de reclamarle que les otorgue a los periodistas, en especial a las mujeres, las garantías que su ejercicio profesional requiere. Esto no es un gesto de bondad ni un favor que nos hacen. Colombia no debe tolerar ninguna forma de violencia real ni simbólica contra quienes, con valentía, informan y exigen la rendición de cuentas del poder. Defender la libertad de expresión es resguardar el país que aspiramos a ser y que, con este gbierno, ya no fuimos.







