Atlántico enfrenta, una vez más, la insoportable realidad de la violencia machista que se ensaña contra las mujeres, la cual no solo persiste sino que muta hacia formas todavía más crueles. Con apenas 7 años, Albeiranis Paola yace bajo tierra tras ser asesinada por su propio padre biológico, Albeiro Fontalvo Hernández, en el hogar donde residía con él, en Soledad.

Es difícil entender cómo un individuo que se jactaba —ante su hija—de cómo iba a matar a su excompañera tenía la custodia de la menor. Los maltratadores jamás serán buenos padres. Porque con sus amenazas y formas violentas causan daños físicos y psicológicos con graves secuelas en sus víctimas. Suelen buscar aberrantes maneras para infligir el mayor sufrimiento a sus exparejas, recurriendo a sus hijos e hijas como instrumento de daño. No solo tratan de controlarlas o presionarlas para que retomen su relación sentimental, lo que realmente desean es destruir lo que ellas más aman. Es lo que se conoce como violencia vicaria.

En el caso de Albeiranis había señales, antecedentes y un contexto de maltratos que, lejos de ser atendido de forma oportuna, fue subestimado hasta que desembocó en un desenlace que bien pudo evitarse. La menor le expresaba —con insistencia— a la familia de su mamá, Lisbeth Paola Rosado, el deseo de dejar de vivir con su padre. Por tanto queda claro que lo ocurrido no puede considerarse un hecho aislado ni una reacción inesperada del homicida.

Todo lo contrario. Los mensajes que dejó antes de acabar con su vida, lo cual finalmente consiguió, confirman que planeaba matar a la niña para imponer un castigo a la madre. ¿Por qué nadie lo detectó? Las violencias intrafamiliares no aparecen de un día para otro. Sin embargo en nuestras sociedades machistas, conductas como celos desmedidos, control económico, amenazas o patrones de manipulación acaban por minimizarse, cuando no se consideran amor o interés. En definitiva, vemos lo que queremos, no lo que es en realidad.

Cuando las instituciones del Estado fallan en identificar riesgos evidentes, como la coerción previa contra la madre, el aislamiento de la niña y el intento de manipulación a través de su custodia, es posible afirmar que también fracasan en su deber fundamental de protección. Como en otros lamentables episodios de violencia de género originados en el machismo, las entidades no fueron capaces de articular una intervención temprana ni de garantizar una respuesta integral para hacerle frente a lo que esta madre y su niña venían padeciendo.

Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de que en Colombia la violencia vicaria sea incorporada como un criterio reforzado, obligatorio si es que cabe, a tener en cuenta en todos los procesos de restablecimiento de derechos y en trámites administrativos y judiciales en los que se deciden medidas de protección. No puede ser un concepto accesorio ni depender de la interpretación de cada funcionario. El enfoque de género y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, como nos lo recuerda la Defensoría del Pueblo —al llamar a una reflexión colectiva sobre este repudiable caso—, son prevalentes, ¿o no?

Las comisarías de familia necesitan herramientas claras y más personal especializado para evaluar los riesgos de la violencia de género; los colegios deben habilitar rutas de alerta que sí funcionen; y las decisiones sobre custodia tienen que incorporar el historial de violencias machistas como factor concluyente. Cuando hay antecedentes de agresión contra la madre, la amenaza para los hijos es real, no hipotética. Es indispensable que se comprenda así.

Pero todo eso es insuficiente sin un componente social. Resulta fundamental que familias, vecinos y entornos cercanos identifiquen y reporten señales de alarma. Cada llamada, cada intervención temprana, puede impedir desenlaces irreparables. No se trata de husmear ni de meterse en la vida privada de los demás, sino de reconocer que la violencia de género y, en especial, la vicaria son asuntos de seguridad y protección colectiva para evitar crímenes.

En memoria de la pequeña Albeiranis, Colombia tiene que tipificar la violencia vicaria como un delito específico en el Código Penal con castigos o penas para los agresores. Este horror tiene distintas expresiones, pero un mismo trasfondo: la vulneración de derechos de niños y niñas usados como herramienta de manipulación, tortura psicológica y venganza contra sus madres para generarles miedo y dolor perpetuo. Imposible encontrar peor perversidad.