Como se esperaba, no hubo acuerdo entre Barranquilla y Puerto Colombia para demarcar límites, en medio de su prolongada disputa territorial que ha entrado en una fase definitiva.

Sobre la mesa está el Corredor Universitario —1.402 hectáreas estratégicas en términos inmobiliarios, demográficos y fiscales— cuya soberanía quedó en el limbo tras la decisión del Consejo de Estado, que en febrero pasado anuló la ordenanza de la Asamblea del Atlántico, la que en 2009 le había dado su control al municipio. Desde entonces, el siempre latente conflicto dejó de ser cartográfico para convertirse en político, jurídico y económico.

El asunto está para alquilar balcón, pero toca reservarlo porque el acto final aún se demora, probablemente, hasta el colofón de 2026. De momento, con la firma del documento oficial de deslinde por Distrito y Puerto, el proceso ya fue formalizado ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). ¿Y qué viene ahora? En los siguientes tres meses, cada una de las entidades territoriales deberá entregar los soportes históricos, normativos y técnicos que respalden su trazado. Luego, en máximo seis meses, el Igac producirá su informe conclusivo.

Pero ahí no termina todo. Ese dictamen eminentemente técnico se entregará al Congreso, donde las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara —asumimos que integradas por los legisladores elegidos en marzo del 2026— decidirán la frontera final en un plazo que podría oscilar entre seis y nueve meses. En consecuencia, nada será inmediato.

Lo cierto es que mientras llega el tiempo de las definiciones, las pretensiones de las partes trazan lo que sería la futura comprensión territorial en la zona en litigio. Puerto reivindica la línea definida en la Ordenanza 030 de 1913, según la cual las playas de Puerto Mocho y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, a día de hoy en soberanía del Distrito, quedarían bajo su jurisdicción. Barranquilla, por su lado, dice que el Acto Legislativo 01 de 1993 respalda la pertenencia histórica y administrativa de esos territorios y en su mapa urbano incluye áreas próximas a la Estación de Bomberos Javier Solano y las nuevas empresas sobre la calle 98.

Ambos argumentos reclaman legalidad, identidad y legitimidad sobre los puntos en disputa. Y, siendo consecuentes con los intereses en juego, ambos encuentran gran eco ciudadano.

Sin embargo, más allá de la retórica esgrimida por las partes existe una realidad jurídica, hasta la fecha, inamovible. En protección del mínimo vital administrativo del municipio, la gestión catastral en el territorio en disputa se mantiene tal cual. Dicho de otra manera, el recaudo del impuesto predial continúa en manos del municipio, conforme lo ratificó un fallo judicial. Las 1.402 hectáreas en disputa no es un espacio irrelevante. Por el contrario, corresponden a una de las zonas conurbadas con mayor crecimiento y dinámica inmobiliaria del país, que además representan más del 52 % de los ingresos que recibe Puerto Colombia.

Lo que se viene en el crucial debate en el deslinde de la franja exige serenidad institucional. También paciencia y mucha. No hablamos de nimiedades, sino de derechos ciudadanos, de acceso a servicios dignos, de estabilidad jurídica, claridades legales y, por supuesto, sentido de pertenencia. Es comprensible que Barranquilla defienda lo que considera suyo y asegura que le fue arrebatado. También resulta legítimo que Puerto dé la pelea hasta el final. Pero ninguna causa justifica convertir a los residentes de los territorios en rehenes de una batalla.

En un espacio cada día más conurbado como este, vivir en una confrontación eterna no es viable. Por eso, la definición de los límites señalará el rumbo a seguir que, en cualquier caso, deberá estar acompañado de inteligencia política para evitar que el nuevo trazado se vuelva una fractura. Mientras se conoce la decisión final, lo responsable es que las autoridades de Barranquilla y Puerto garanticen orden jurídico confiable, transparencia y respeto mutuo. Porque lo peor que nos podría ocurrir, al término del proceso, no es que un territorio sume o pierda hectáreas, sino que ambos arrastren a sus ciudadanos a una disyuntiva sin salida.