La truculencia del nuevo entramado de corrupción institucional que estremece al gobierno de Gustavo Petro hace palidecer todos sus anteriores episodios oscuros, que no son pocos.

Este escándalo de corrupción, indignidad y degradación de las instituciones de seguridad del Estado, de acuerdo con una rotunda investigación de Noticias Caracol, muestra cómo las agencias de inteligencia colombianas estarían hoy al servicio de los mismos delincuentes que a diario acosan y asesinan a los integrantes de nuestra fuerza pública. Si este andamiaje de ilegalidad, que es lo más parecido a un complot mafioso, no constituye una amenaza directa a la seguridad nacional y a la vigencia del Estado de derecho, ¿qué más podría serlo?

Cada una de las revelaciones sobre la infiltración de las disidencias, bajo el mando de alias Calarcá, en el Ejército, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Policía y la Fiscalía exhibe una descarada captura criminal de las entidades llamadas a proteger a la ciudadanía.

Noticias Caracol accedió a correos, chats, memorias USB y documentos en computadores incautados en julio de 2024, durante un retén militar en Anorí, Antioquia, que ponen al descubierto contactos, acuerdos y favores entre la guerrilla y altos funcionarios del Estado.

En uno de esos mensajes, alias Calarcá, con quien el Ejecutivo mantiene negociaciones de paz, entrega instrucciones a su gente para reunirse con el general Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal del Ejército. El oficial, llamado a calificar servicios por el gobierno Duque tras cuestionamientos de falta de lealtad con el país y reincorporado por el de Petro, habría propuesto crear una empresa de seguridad de fachada para legalizar armas, vehículos blindados y a los miembros de las disidencias, en caso de que el proceso fracasara. Sin duda, un completo portafolio de servicios a criminales que incluía protección.

Aún más alarmante es la mención a Wilmar Mejía, el director de Inteligencia de la DNI, quien es señalado en la investigación periodística de servir como enlace con las disidencias de ‘Calarcá’. El meteórico ascenso en la carrera de este licenciado de Educación Física en la agencia estatal, que desde el principio ha estado envuelta en más dudas que certezas, solo encontraría justificación en su estrecha relación o amistad con el presidente Gustavo Petro.

Ahora, ¿actuaba Mejía, identificado en los registros como ‘el chulo’, como rueda suelta en el engranaje de corrupción? A tenor de la reacción de su jefe, Jorge Lemus, no se tenía ni idea de lo que hacía, ni de sus contactos con las disidencias, ni de sus viajes a Venezuela. Sus pueriles e insuficientes explicaciones, carentes de rigor, delatan falta de control interno y de sentido de conciencia del tamaño del riesgo expuesto, en tanto generan desconfianza.

Peor todavía, ¿cómo así que la fiscal General, Luz Adriana Camargo, dice que desconocía la existencia o veracidad del material probatorio incautado a las disidencias de ‘Calarcá’, pese a que está bajo custodia de su entidad desde hace más de un año y pese a que su despacho ordenó la liberación del mismo ‘Calarcá’ y otros detenidos con el argumento de que eran ‘gestores de paz’? Es indispensable que la funcionaria aclare su actuación y la de la Fiscalía en esta maraña de corrupción y vergüenza pública que demanda verdad, sanciones y una depuración institucional. Porque ningún funcionario, por más alta dignidad que ostente, se encuentra por encima de la seguridad de la nación. ¿Quién más hace parte de este complot?

En últimas, las revelaciones sobre la infiltración de las disidencias, desde las facilidades que les ofrecían para desplazarse hasta los pactos de no agresión, pasando por el acceso a información reservada, exhibe una cooperación delictiva que comprometió operaciones de la fuerza pública, vidas de civiles, estrategias de inteligencia estatal y de seguridad de fronteras. Hablemos con claridad: esto no es solo corrupción, sino traición a la patria. Y callar la gravedad del daño equivale a profundizarlo porque le resta total credibilidad a la labor de estas instituciones.

Bienvenidas las investigaciones anunciadas, pero de nada servirán si se abren para dormir el sueño de los justos. Colombia no puede normalizar que los terroristas dicten la agenda del Estado, que lo arrodillen a su quehacer criminal o que hablen de supuestas pruebas sobre la financiación de la campaña Petro presidente, vía Francia Márquez, y no pase nada.

Cierto que son delincuentes, eso es obvio. No se les da fiabilidad a lo que dicen, pero sí se busca cohonestar o blanquear sus crímenes. Bonito así. La justicia debe actuar. Quienes montaron este consorcio criminal tienen que responder y, sobre todo, confesar a cambio de qué lo hacían. Porque si el Estado no recupera el Estado que esta cofradía corrupta se ha feriado, el colapso institucional será inevitable. La esencia del paramilitarismo sigue viva.