Van tres años del gobierno del presidente Gustavo Petro y van tres reformas tributarias que presentan sus ministros de Hacienda al Congreso de la República: la segunda, en 2024, se hundió, dejando el Presupuesto 2025 desfinanciado, y como consecuencia el Ejecutivo tuvo que congelar recursos por el orden de los $12 billones para la actual vigencia de 2025.

Esta tercera reforma tributaria –van 15 radicadas por distintos gobiernos durante el siglo XXI en el país–, denominada también como ley de financiamiento, busca recaudar $16,3 billones, luego de que se le restaran $10 billones a la inicialmente planteada, para tratar de ganar el favor del Legislativo que, ad portas de las elecciones presidenciales y legislativas y a menos de un año de que acabe el mandato de Petro Urrego, fundamentalmente tiene en sus estertores a este nuevo paquete de impuestos por cuenta de sendas ponencias de archivo en Senado y Cámara, con las firmas mayoritarias cada una de más de una decena de parlamentarios, en la víspera de que se inicie en firme esta semana en las comisiones económicas conjuntas el primer debate del articulado.

La semana pasada, el jefe de la cartera económica, Germán Ávila Plazas, socializó con los ponentes la semana pasada los ajustes que se espera se radiquen este lunes ante el Capitolio Nacional, intentando otra vez ofrecer más zanahoria y menos garrote a los legisladores con un pie en el Salón Elíptico y otro en la tarima de campaña, retirando medidas polémicas como los cambios en los combustibles, las propuestas sin recaudo inmediato y las modificaciones a los beneficios de los vehículos híbridos.

No obstante, sigue insistiendo la Casa de Nariño en los pilares que sostienen el paquete de gravámenes como la reducción del gasto tributario, la progresividad y los impuestos a las externalidades negativas.

Lo que se espera es que el próximo martes las células legislativas terceras y cuartas, de asuntos económicos, entren formalmente a deliberar en primer debate esta peluqueada, pero aún incómoda, tributaria que busca evitar el hueco en el Presupuesto del año entrante, aprobado por $546,9 billones, y que, de darse la improbable situación de que pasara las conjuntas, entraría a debatirse en segundo y último debate en las plenarias de las cámaras baja y alta. De lo contrario, si se produce el naufragio casi inevitable, el Gobierno deberá recortar gastos, endeudarse más o presentar una tributaria adicional.

Por ahora, el informe que se prevé intenten consensuar en las comisiones económicas seguramente este lunes contempla el adiós al IVA a la gasolina y al diésel, la reducción fuerte al impuesto al tabaco y a la cerveza, la eliminación del impuesto a la boletería y la revisión del IVA a los vehículos híbridos. Pero se planta el Ejecutivo en el aumento del impuesto de renta para quienes ganan desde $10,2 millones, más impuesto al patrimonio desde fortunas de $2.000 millones, la sobretasa al sector financiero y los impuestos ambientales.

Entre tanto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, advirtió la semana pasada que el recaudo tributario quedará $8,3 billones por debajo de la meta de este año, que el 30,5 % del recaudo neto ya se va solo a intereses de deuda y que el gasto primario alcanzará $362,2 billones, superando lo previsto. Lo que condena aún más a la tributaria por el mal momento para plantearse.

Cruza este panorama además una propuesta alternativa de la representante Olga Lucía Velásquez, del ala petrista de los verdes, que incluye alivios para deudores de la Dian, impuestos a vapeadores y nuevas facultades para la administración tributaria, que habrá que ver si tiene adeptos en el reacio Capitolio.

Pero hay sendas mayoritarias propuestas de archivo de parte del senador y precandidato presidencial conservador Efraín Cepeda, y de la representante Katherine Miranda, de los verdes independientes. “Esta reforma la quieren es para aumentar el gasto, no para beneficio de los colombianos porque se incrementa el déficit fiscal y son $16 billones que golpean el bolsillo más vulnerable del país”, dijo Cepeda Sarabia. A lo que Petro reviró: “La reforma no le quita un solo peso a la clase media, (...) solo le pone impuestos a los grandes megarricos del país que han duplicado por demás sus ganancias en mi gobierno”.

Así que se trata también de un nuevo enfrentamiento entre estos viejos contendientes políticos, uno desde el atril de las leyes y otro desde el solio de Bolívar, que parece que una vez más ganaría el legislador, a quien le favorecen en esta ocasión los ánimos parlamentarios, los votos en las comisiones, la víspera de los comicios y el epílogo de la era de gobierno.