La discusión pública, enfocada casi completamente en las próximas elecciones presidenciales, ha dejado en el último renglón los desafíos que están enfrentando los territorios y la población civil víctima del narcotráfico. Esta semana, en una conversación sobre lo que está pasando en el país, me dijo una persona que los medios no estaban cubriendo lo que está ocurriendo en Cauca, un departamento en el que convergen todo tipo de grupos armados -desde disidencias hasta carteles- y en el que la población civil está a merced de las disputas territoriales por las rutas del narcotráfico y los intereses criminales que allí se concentran.
Al día siguiente de esta conversación, escuché en W Radio lo que estaba sucediendo en Jambaló, un municipio ubicado al nororiente del departamento del Cauca, donde las disidencias de Iván Mordisco habían perpetrado un atentado contra la estación de Policía y donde las autoridades y líderes locales pedían ayuda con urgencia al gobierno nacional para contener la situación. La población civil, en diferentes municipios del Cauca, vive bajo el mandato del terror, sometida a ataques con drones, tatucos, bombas y amenazas constantes contra resguardos indígenas y comunidades campesinas que intentan hacer una vida en medio de esta realidad.
El problema no está en que los medios no reporten lo que está sucediendo en Cauca u otros departamentos, sino en que una gran parte del país ha decidido ignorar deliberadamente la realidad que enfrentan territorios como Cauca, Guaviare y Caquetá, donde el narcotráfico es la mayor fuente de zozobra para los civiles y donde su protección por parte del Estado es francamente nula o insuficiente. Todos los grupos con los que el gobierno intentó negociar en la fallida política de Paz Total salieron ampliamente fortalecidos gracias a una iniciativa oficial que -como lo he sostenido en otras columnas- les otorgó una ventaja estratégica y territorial que hoy paga con creces la población civil.
Todo esto puede agravarse aún más con las elecciones de marzo, donde muy probablemente se presentarán hostigamientos contra la población civil, restricciones de movilidad, amenazas y desplazamientos forzados, porque en la disputa por el control territorial la influencia en lo político es determinante y los actores armados saben que controlar la vida electoral es una forma de incidir en lo público.
El gran interrogante es qué se puede hacer por estos territorios, además de lo obvio y esencial, que es ampliar la presencia del Estado más allá del simple aumento de pie de fuerza o de operativos militares puntuales. Se requiere presencia institucional sostenida, justicia, inversión pública, protección social, articulación con gobiernos locales y un enfoque que reconozca que estas comunidades necesitan garantías de vida digna y no solo operaciones de contención. Un proceso de paz, la salida clásica a los conflictos armados en Colombia, no es una alternativa en este caso: el único interés real de estos grupos es el narcotráfico, y ninguno está dispuesto a renunciar a una actividad ilícita tan lucrativa.
@tatidangond
