Mientras decenas de miles de compatriotas hacen fila por una cita, un medicamento o están a la espera de que los atiendan a ellos o a un familiar en un colapsado centro asistencial de cualquier ciudad del país, en la Comisión Séptima del Senado continúa el pulso político por el futuro de la reforma a la salud 2.0, que en su tercer debate parece destinada al naufragio.

Lo que debería ser un debate de carácter técnico y, sobre todo, centrado en el bienestar de los pacientes se ha convertido en una larga disputa entre un Gobierno ideologizado y un Congreso fragmentado, en la que ninguna de las ponencias, como ya ha quedado demostrado, cuenta con los votos suficientes o las mayorías necesarias para poder avanzar en su trámite.

Ante la falta de ánimo conciliatorio, por el momento se mantienen invariables las tres ponencias a considerar: la positiva del Gobierno, que replica buena parte del contenido de la hundida primera reforma; la negativa, liderada por el Centro Democrático con respaldo de los conservadores y Cambio Radical, que pide el archivo del proyecto por completo; y una tercera vía alternativa, elaborada por las senadoras Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos, que intenta llegar a un punto de encuentro, pero –en definitiva– no convence.

En la esperada sesión del martes, el estancamiento tampoco se superó. Por el contrario, en lugar de votar la ponencia de archivo del proyecto oficialista —como estaba previsto—, el debate giró en torno a una invitación de la Casa de Nariño supuestamente para dialogar con Petro. Ocho de los 14 senadores rechazaron asistir y el presidente negó haber hecho el llamado, que hizo su directora del Dapre y secretaria general, Angie Rodríguez. Otro capítulo más del caos que rodea a una reforma centrada más en sectarismos ideológicos y choques políticos que en dar respuesta a las necesidades reales de los usuarios de la salud.

Con el telón de fondo de un sistema sumido en una grave crisis estructural, inducida en gran medida por las desacertadas actuaciones del Ejecutivo, con EPS intervenidas que no solo no mejoraron la prestación del servicio, sino que confirmaron la incapacidad del Estado para gestionarlas, además de clínicas en serio riesgo de quiebra y, dolorosamente, pacientes muriendo a diario, el trámite de la reforma ha caído en un penoso debate de indefiniciones.

De un lado, el Gobierno insiste en estatizar el aseguramiento en salud, concentrar funciones en una especie de ‘super-Adres’, sin evidencia de capacidad operativa, y otorgar facultades extraordinarias al presidente para establecer un nuevo régimen laboral al talento humano.

Del otro, la ponencia alternativa propone preservar la gestión integral del riesgo a cargo de las Gestoras de Salud y Vida, las sucesoras de las EPS; mantiene el giro directo con auditoría reforzada, limita las funciones de la Adres y deja en manos del Consejo Nacional de Salud —basado en estudios técnicos— el cálculo de la UPC, que financia los servicios de la salud.

En gracia de discusión, la ponencia alternativa, respaldada por más de 23 agremiaciones médicas, no es lo ideal, pero representa un esfuerzo técnico viable para salvar lo rescatable sin arrasar con el actual sistema ni condenarlo a una improvisación estatista. Pese a ello, al Gobierno no le interesa debatirla porque lo que pretende no es una mejor salud para la gente, sino el control de recursos, de decisiones y, por supuesto, de discursos electoreros.

De ahí que Petro y el ministro Jaramillo optaran por deslegitimarla con generalizaciones, acusando —una vez más— a las EPS de corruptas y a los congresistas de proteger intereses privados. Mismo libreto populista de descalificación, misma estrategia de presión política, bajo la amenaza de convocar una consulta popular o una constituyente si no se aprueba, brincándose la deliberación del Legislativo y apelando al ‘poder constituyente’. Otra vez, el chantaje político disfrazado de participación popular que erosiona la legitimidad de las instituciones y desconoce el principio de la separación de poderes del Estado de Derecho.

Con un Gobierno ensimismado en su narrativa redentora y una oposición atrincherada en su propia visión, no habrá cómo encontrar un camino intermedio que permita reconducir el debate para que los pacientes sean prioridad y no, como hasta hoy, los grandes olvidados.