Desgraciadamente, secuestrar militares se ha convertido en una efectiva estrategia de los grupos armados ilegales para contrarrestar o detener el avance de la Fuerza Pública en zonas inundadas de coca, donde ejercen control territorial. Sin disparar un solo tiro ni mucho menos librar combates, Eln y disidencias de Farc, las de ‘Mordisco’, ‘Calarcá’ e ‘Iván Márquez’ logran doblegar a uniformados que, por mandato constitucional, tienen la misión de desmantelar laboratorios, detener a narcotraficantes o enfrentar sus economías ilícitas.

El modus operandi siempre es el mismo. Apenas aparecen los soldados, la población civil instrumentalizada o infiltrada por las estructuras criminales los rodea, arremete contra ellos para presionar su retiro inmediato o, en ocasiones, los retiene contra su voluntad y sin razón alguna durante horas e incluso días, como pasó recientemente en El Retorno, Guaviare, y El Tambo, Cauca. Estos casos hacen parte de las 52 asonadas y, al menos, 39 secuestros de uniformados registrados por la Fiscalía en el 2025 que involucran actuaciones ilegales de comunidades cimarronas, campesinas e indígenas, constreñidas por ilegales de su entorno.

Sin embargo, que nadie se equivoque. Pese a que los combatientes instiguen a los civiles a delinquir, estos hechos –como indica el Ejército– “representan graves violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución porque son delitos descritos en el Código Penal: secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública”. Naturalizar las circunstancias en las que ocurren en nada contribuye a que se resuelvan. Las instituciones del Estado, entre ellas Fuerzas Militares y Policía, deben respetarse, de modo que es inaceptable que esta práctica punible se hubiera generalizado.

Estamos frente a una situación insostenible que demanda con urgencia de la Fuerza Pública una respuesta basada en la legalidad y la proporcionalidad, que sea orientada desde el Ministerio de Defensa. No es tolerable que los soldados de la patria se vean expuestos a ser víctimas de ataques, agresiones, secuestros u otros graves delitos en cumplimiento de sus funciones. Lo que ahora sucede, de manera tan recurrente como alarmante, reafirma realidades —cada una más preocupante que la anterior— denunciadas desde hace tiempo.

La primera habla de una pérdida de capacidades operativas de nuestras Fuerzas Militares, por directrices ordenadas desde el nivel superior o por el retiro de personal especializado. La segunda se constata en el fortalecimiento de gobernanzas criminales o de modelos de dominio territorial que compiten con el Estado en legitimidad ante la población civil, a la que le imponen normas de control social y medios para obtener ingresos vía rentas ilícitas.

Y la tercera tiene que ver con la permanente impunidad que rodea a los secuestros de los militares. Judicializar y sancionar a 600 personas envueltas en una asonada no es realista. En efecto, los 20 capturados en flagrancia durante el rescate en junio de 57 uniformados en El Plateado, Cauca, fueron liberados tres días más tarde y el asunto quedó de ese tamaño.

Es inaceptable que nuestros soldados y policías, los héroes anónimos de Colombia, que en algunos casos no superan los 20 años, formados para no transgredir los límites que establece el marco legal de sus obligaciones, terminen siendo usados como moneda de cambio por los violentos. ¿Cómo no acabar desmoralizados ante semejante atropello? ¿En qué momento intentar quemar vivos a militares o secuestrar a pelotones del Ejército bajo la amenaza de atacarlos con drones cargados con explosivos pasó a ser algo casi habitual?

El Gobierno Petro debe hacer un profundo acto de contrición frente al empoderamiento de estructuras criminales que ahora humillan a nuestra Fuerza Pública, a las que menoscaban para restarle legitimidad e impedir sus operaciones contra el narcotráfico. Colombia debe superar su crisis de seguridad, resultado de decisiones erráticas que nos pasan factura. Sin ella, que es un pilar fundamental de la democracia, el caos se extiende y los monstruos se crecen. Lo vemos a diario. Secuestrar soldados no puede ser parte de una normalidad cotidiana. Eso es infame. Sus agresores deben saber que sus actos tendrán consecuencias.