Es inverosímil la jugada que pretende hacer en el Congreso el presidente Petro con sus tan ambiciosos como irresponsables proyectos del Presupuesto General para 2026 y la reforma tributaria 3.0. En la cuenta regresiva para el final de su mandato, cuando ha dilapidado de todos los modos posibles su capital político, aspira a que el Legislativo se los apruebe como vienen, pese a su impacto sobre todos los estratos y sectores de la economía, so pena de desatar su ira santa contra los parlamentarios, como ya pasó en su fallido intento de 2024.

Petro sabe que esta vez tampoco pasarán, lo cual le cae como anillo al dedo. Porque le dará el espacio suficiente para convertir la determinación legislativa en una potente plataforma o tribuna electoral desde la que atizará –aún más– su recurrente relato de lucha de clases, de ricos contra pobres, de burguesía contra el proletariado, en el que sostendrá la campaña de continuación del ‘cambio’, la de los candidatos del progresismo que aspiran a sucederlo.

Este conato de reforma tributaria, la tercera que presenta el actual Ejecutivo, esta vez por $26,3 billones, equivalente al 1,5 % del PIB, y a la postre la más elevada de la historia, sale al rescate –para equilibrarlo– del desfinanciado presupuesto, de $557 billones, propuesto por el Ministerio de Hacienda para el otro año. Cifra gigantesca con la que no cuenta, sobre todo por la caída en el recaudo de ingresos tributarios. Ahora bien, si el Gobierno hubiera hecho la tarea de elaborar un cálculo austero, realista, ajustado a la fortísima crisis fiscal del país, en el que se hubiera apretado el cinturón para reducir su desmesurado tren de gastos, no habría tenido que acudir a una iniciativa tan inviable políticamente, ¿para cuadrar caja?

No tiene presentación alguna que este gobierno les pida a personas, a hogares, a empresas, asfixiadas por sus cuantiosas cargas impositivas, que hagan un esfuerzo adicional, mientras él aumenta el gasto estatal en burocracia. De hecho, Fedesarrollo calcula que este año lo hará en un 28 %, es decir, $10 billones. Este discurso es insostenible, por no decir descarado.

Petro, en uno de sus habituales alegatos de populismo emocional, salió en defensa de la tributaria lanzando un previsible ataque contra las élites o ultrarricos, que al final somos todos, en vista de su argumento de que los pobres no usan gasolina. No había terminado de sustentarlo cuando se le vino el mundo encima. Al margen de sus respuestas a las críticas que le llovieron, queda claro que la reforma no solo impactará a grandes empresas, al sector financiero o al minero-energético o extractivo, al que está decidido a desaparecer a como dé lugar, sino que también reventaría el bolsillo de ciudadanos de la clase media o popular.

Por donde se mire, la tributaria aumenta impuestos. Es más, sus principales ingresos tienen origen en el consumo. El asunto es simple. Si el IVA sube para los combustibles y, además, alcanza al usuario final, hasta ahora solo lo pagan el productor y el mayorista, el transporte y, de paso, los alimentos terminarán por encarecerse. Eso por un lado. Por el otro, si se incrementa al 19 % el IVA para bebidas alcohólicas y cigarrillos, que ahora es de 5 %, su valor final será mayor, con lo que el riesgo de contrabando e ilegalidad se podría disparar.

Y un par más: ir a conciertos y eventos en general será más caro, porque a las entradas de más de $500 mil se les aplicará IVA de 19 %, al igual que a las apuestas y juegos por internet. Quienes adquieran productos en plataformas deberán pagar IVA del 19 % por los envíos, de modo que lo comido les saldrá por lo servido. En resumen, el IVA, considerado un impuesto indirecto, lo terminarían pagando los más ricos, la clase media y hasta los hogares pobres.

Cierto que muchos de los nuevos tributos están pensados para compradores con elevada capacidad adquisitiva, pero la reforma también incidirá en el pago del impuesto de renta de personas naturales, subiendo aún más la tributación de los asalariados. O lo que es lo mismo, imponiendo más carga para los trabajadores, sin aumentar la base gravable del país.

Hemos llegado a un punto en el que los gobiernos, este en especial, se sacan de la chistera reformas tributarias para superar su crisis de liquidez, ahorcando a las personas naturales y jurídicas, pero no se ocupan de cómo reactivar o hacer crecer la economía ni de solventar las deficiencias del sistema tributario. En cuestión de días, cuando el Congreso aborde los proyectos en sus comisiones económicas, arderá Troya. En el Senado, tras la dura derrota que la oposición le propinó a Petro en la elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional, el camino está cantado. Y en la Cámara, el oficialismo conserva sus mayorías.

El Gobierno aún tiene la oportunidad de hacerse responsable del aumento del gasto público para racionalizarlo, dando ejemplo de credibilidad. Negarse será un error que pasará factura en 2026. En su recta final, Petro debería dejar ya de buscar chivos expiatorios o de ponerse creativo para tratar de justificar desafueros o negligencias que dejarán al país en los rines.