Dieciocho días completó este lunes sitiado el sur de Bolívar entre los municipios Santa Rosa del Sur y Montecristo, todo por cuenta del enfrentamiento armado que mantienen por el control del territorio y de las economías ilegales el Eln y el Clan del Golfo. Mientras tanto, unas cinco mil personas padecen los estragos del conflicto en el que están trenzados estos grupos armados ilegales, al no poder moverse libremente por la zona y permanecer confinados bajo una crisis humanitaria que cobija a los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena Vista.

El paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional por un lado, y el choque planteado por el Clan del Golfo mantiene, desde hace más de dos semanas, sin transporte, sin combustible y sin alimentos a todas estas familias. Y como si no fuera suficiente, al menos 2.200 estudiantes no han podido recibir sus clases debido a los enfrentamientos entre las dos poderosas estructuras criminales que controlan el sur del departamento.

Tristemente, las autoridades locales, tanto las alcaldías municipales como la Gobernación de Bolívar, poco o nada pueden hacer para ponerle fin a este confinamiento, y reconocen –como lo afirmó el secretario de Seguridad de Bolívar– que por primera vez sienten que están en desventaja frente a los grupos que operan en la zona, pues aseguran que hay unos 600 hombres del Eln y del Clan del Golfo que controlan el sur de Bolívar, y el Ejército solo cuenta con 300 uniformados, por lo que ven así muy complicado recuperar el territorio.

Tal es la sensación de derrota y de abandono, que los propios habitantes de los corregimientos confinados se armaron de valor y se desplazaron este domingo a intentar dialogar con los grupos ilegales en busca de que se les permita el tránsito para entrar y salir de sus poblaciones. De nada sirvió. El confinamiento se mantiene y por ello el vehemente y enérgico llamado al Gobierno nacional para que haga presencia y garantice a la población la protección de sus derechos.

Lo que pasa en el sur de Bolívar y la alerta temprana generada este fin de semana por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar y la ciudad de Riohacha en La Guajira – en riesgo extremo por la disputa armada entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)– solo reconfirman la inoperancia de un Estado que se quedó en el discurso de una paz total que no ha logrado concretar y que por el contrario, con una inmensa laxitud, solo ha facilitado la expansión y fortalecimiento de los distintos grupos ilegales que cada vez ganan más terreno y poder, en detrimento de las libertades de las comunidades, de la población civil indefensa.

El Ministerio de Defensa asegura que “sin pausa y con determinación” la fuerza pública está recuperando la movilidad en el sur de Bolívar, pero al mismo tiempo confirma el uso de drones para “paralizar y desabastecer a los pobladores”. De hecho, en la noche del domingo fue hostigada la estación de policía de Arenal del Sur.

Bien condenar estos ataques y señalar como terroristas a sus responsables, pero la labor del Estado y de sus fuerzas armadas es ejercer el control, imponer la ley en todo el territorio colombiano y garantizar la libre movilidad, la seguridad y el abastecimiento de los ciudadanos.

Lo que se espera es que el Gobierno, con firmeza y absoluta determinación, haga presencia en el sur de Bolívar, en La Guajira y en todas aquellas zonas donde los grupos al margen de la ley siguen expandiendo y desplegando todo su poderío criminal, sembrando el terror e impidiendo la convivencia y la tranquilidad de la gente que solo reclama seguridad y libertad.

Este jueves 7 de agosto se completa el tercer año de mandato del presidente Gustavo Petro, y su máxima bandera, la paz total, no ha pasado del discurso, de las concesiones y de la búsqueda de mecanismos, sin éxito alguno, para que todos los grupos armados, metidos en una misma bolsa, dejen sus armas. Ninguna voluntad real de esos criminales. En tanto, ni una coma del jefe de Estado para referirse a la crítica situación de orden público y el sufrimiento de los cinco mil confinados en el sur de Bolívar, las cuatro personas secuestradas allí este año y los miles de estudiantes que no pueden hacer valer su derecho a la educación.