Por si aún no se han enterado, Colombia tiene un nuevo modelo de salud. Vía decreto, desconociendo al Congreso y desbordando las funciones reglamentarias del Ejecutivo, el presidente Petro y el ministro Jaramillo reorganizaron la prestación de los servicios que ahora se enfocarán en prevenir la enfermedad, más que en tratarla. De un plumazo, literal, hicieron realidad su ideal de un sistema preventivo, predictivo y resolutivo que modifica el actual modelo de aseguramiento en salud, tal y como lo han buscado desde hace tres años.

Como el papel lo aguanta todo, el extenso decreto es un compendio de buenas intenciones. Sin embargo, no precisa cómo implementará sus medidas, en aras de garantizar la atención con oportunidad, calidad y continuidad que reclaman los usuarios. Tampoco da pistas sobre cómo resolverá la profunda crisis que atraviesa un sector desfinanciado, en el que a diario se cierran servicios, se fragmentan las redes y pierde la coordinación entre los procesos de atención, escasean los medicamentos, aumentan las quejas y, en definitiva, se desmantela el sistema, como lo ha advertido la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC).

En consecuencia, la operatividad del nuevo sistema está en entredicho. No solo porque a día de hoy no existen condiciones ni reglas para ejecutarlo, también porque no cuentan con la plata para financiarlo. Cuesta creer que en los próximos meses durante el periodo de transición para la puesta en funcionamiento del modelo, el Gobierno, que se ha cerrado en banda a considerar un aumento en la asignación de recursos para el sector, desembolse el billonario monto estimado para costear el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reorganización de la red pública hospitalaria. Dos de los frentes en los que soporta su plan.

Otro de sus pilares es la conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RITTS) que se encargarán de “articular a los prestadores públicos, privados y mixtos” en zonas específicas. Dicho de otra forma, esta encubierta reforma a la salud por decreto territorializa a las EPS y las despoja de varias funciones asignadas por leyes aprobadas en el Congreso. Entre esas, la gestión financiera del sistema que se centralizará toda en la Adres.

En su empeño de estatizar la salud en Colombia, muchas de las funciones de las EPS pasarán a manos de las entidades territoriales. ¿Será que gobernaciones y alcaldías, sobre todo de municipios pequeños, serán capaces de asumir nuevas responsabilidades sin tener certeza alguna de que recibirán los recursos o la asistencia técnica e institucional que les anticipan?

Seguramente no. Lo complejo de erosionar la gobernanza del sistema es que difícilmente pacientes o usuarios podrán de ahora en adelante exigir responsabilidades cuando no reciban la atención adecuada, les nieguen un tratamiento o una cirugía. ¿A quién entutelan?

Con la dispersión de agentes del sector que prevé este ‘decretazo’, la ruta de atención para saber a dónde o a quién acudir se hará más difícil. Desde el Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS), donde todos debemos inscribirnos para ingresar al sistema en los territorios, hasta los niveles de especialización y complejidad, que dependerán del Gobierno nacional. De hecho, con la reasignación de roles es evidente que muchos pacientes, en especial los crónicos o con enfermedades huérfanas, enfrentarán retos mayores, de cara a su atención.

No en vano, lo consignado en el documento, que buena parte del país coincide en que es una reforma impuesta por decreto con vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, acrecentó el desconcierto e incertidumbre entre usuarios y el talento humano en salud por el futuro de un sector que el Ejecutivo parece decidido a refundar, cueste lo que le cueste. Si alguien sabe qué sucederá a partir de mañana, pues que lo aclare, porque es evidente que el nuevo modelo perpetúa las fallas del sistema, en vez de resolver las causas o el origen de la crisis.

¿A qué juega el Gobierno? ¿A que el Consejo de Estado le tumbe su esperpento que solo profundizará el desorden en el sector, para luego victimizarse? ¿A presionar o chantajear al Congreso, al que hasta hace unas horas convocaba a concertar su reforma en el Senado? Que nadie se engañe. Con sus incoherentes pero bien calculadas acciones el Ejecutivo sabe bien hacia dónde va. Petro y su corte le apuestan a la ruptura institucional, al caos, para ganar espacio político. Lo de menos es cuidar a la gente que está cada día más desorientada.