El decreto que anticipa el cobro de la retención y autorretención en la fuente por la renta de 2026 es un nuevo mazazo del Gobierno nacional a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país, a las que les anticipa e incrementa el pago –a partir de junio– de impuestos de la siguiente vigencia. También es un garrotazo para personas naturales, debido a que aumenta la tarifa de retención de algunas actividades económicas a cargo de profesionales independientes, que del 0,5 % actual pasarán a tributar 3,5 % en ciertos casos.

¿Puede el Ministerio de Hacienda imponer nuevas y más elevadas cargas fiscales diferidas que, a todas luces, impactarán al tejido empresarial y a buena parte de la ciudadanía que ya soportan la asfixia de su flujo de caja? La respuesta es sí. El Ejecutivo tiene las facultades legales para hacerlo. Sin embargo, esto no significa que sea una decisión de fiscalidad justa, pese a que la Dian la defienda indicando que busca subsanar diferencias entre el recaudo que deberían estar pagando determinados sectores y el que efectivamente ingresan porque, dice, tienen margen para ello. De ahí que modifiquen tanto las tarifas como las bases mínimas.

Visto así, el decreto se recibe como una reforma tributaria por la puerta de atrás. O lo que es lo mismo, sin discusión pública en su escenario natural, que es el Congreso. Por la falta de ambiente político favorable o de mayorías legislativas, el Ministerio de Hacienda decide brincarse al Legislativo y extralimita sus competencias para ampliar la base gravable del impuesto de renta, sumando nuevos contribuyentes. Entre ellos, campesinos que ahora tendrán que pagar, de acuerdo con expertos tributaristas, retenciones si la venta de sus productos en una plaza de mercado, por ejemplo, supere los $94 mil, cuando antes el tope estaba en $500.000. Ni hablar de sectores productivos que están en cuidados intensivos, como el de la salud, el educativo o el minero-energético que deberán tributar mucho más.

Corona el Gobierno, o al menos eso es lo que inicialmente parece, porque con el recaudo estimado en $7,3 billones, Fedesarrollo lo eleva a $13 billones, podrá atender en 2025 parte del rezago presupuestal que arrastra de las dos últimas vigencias, producto de la caída de ingresos y el excesivo aumento del gasto, reduciendo la presión sobre las finanzas públicas.

Poco le importa al Ejecutivo, a pesar de su elocuente discurso a favor de los derechos de la clase trabajadora, que cuadrará caja a costa de la liquidez de empresas, en muchos casos familiares, que deberán ahora endeudarse, comprometer su estabilidad financiera e incluso despedir a empleados para poder pagar las mayores obligaciones que les impone la Dian en el nuevo decreto. Hace caso el ministro de Hacienda a su jefe, vuelve a ‘patear’ el gasto para las siguientes vigencias fiscales, como sucedió en el 2023 en el contexto de la aplicación de la tributaria de Ocampo, en vez de recurrir a la búsqueda de una solución estructural de control del gasto e incremento de ingresos, como coinciden en demandar con rigor técnico centros de estudios económicos. Uno de ellos, Anif, vaticina ya un bajo recaudo tributario.

Así las cosas, todo hace indicar que se repetirá la historia de 2024. Pan para hoy y hambre para mañana. Cobra el Ministerio de Hacienda lo que debía recibir en 2026, se gasta la platica y el otro año andará en los rines por el hueco fiscal que se abrirá. ¡Para lo que les interesa! Su mandato acaba en agosto. En consecuencia, que se salven como puedan los que lleguen que tendrán que lidiar con la desfinanciación del Estado, de las empresas, de los trabajadores formales, de independientes y pequeños comerciantes, y con la afectación del consumo, el ahorro, la inversión, el crecimiento y la formalización de la economía. Todo mal.

Con un agravante adicional, si los sectores afectados por tarifas más altas de retención en la fuente trasladan sus efectos a usuarios y consumidores el impacto inflacionario será irrefrenable. ¿Estamos preparados? Por supuesto que no. Tampoco para los de la reforma laboral que debate el Senado ni mucho menos para la nueva tributaria en la que insistirá Hacienda como compensación al bajo recaudo que su decreto causará en 2026. Parece ser que la fiscalidad en este Gobierno responde a un castigo ideológico sustentado en alguna forma de resentimiento social que les cobra a empresas y ciudadanos la generación de riqueza, empleo y bienestar. ¿Saben qué? Deberían hacerse revisar ese instinto vengativo.