Justo este lunes, apenas unas horas antes de que se produjera el cabildo popular convocado por el presidente Gustavo Petro en el Paseo Bolívar de Barranquilla, el Ministerio de Minas anunció el pago del “100 % de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas” correspondientes al rezago presupuestal de la vigencia de 2024 y por un valor de 2.5 billones de pesos.

Una noticia que venían esperando desde hace varios meses las empresas y gremios del sector energético que advertían el riesgo de un apagón financiero al que estaban expuestas las compañías comercializadoras, asfixiadas por las obligaciones y los altos costos de la energía en bolsa al no contar con contratos de largo plazo la mayoría de ellas.

Los pagos se han ido materializando y haciéndose tangibles en los flujos de caja de las empresas con el paso de las horas. Finalmente los anuncios dejaron de ser anuncios y se convirtieron en una realidad que –conforme lo destacaron en comunicado conjunto los gremios del sector: Andesco, Acolgén, Andeg, Asocodis, Naturgas, SER Colombia y ACP– “es una buena noticia para el país, los usuarios y la sostenibilidad del servicio público”.

Claro que es una gran noticia, que merece amplia divulgación y que es un alivio importante para las empresas que prestan los servicios de energía y gas. No obstante, la siguiente parte es que el Gobierno nacional, a través del ministro Edwin Palma, logre sostener para este 2025 el flujo de los pagos por conceptos de subsidios.

En el primer trimestre ya las empresas han reportado $1.1 billones aplicados y haría falta que se apropien en el presupuesto general de la nación otros $3.8 billones ($2.7 billones para energía eléctrica y $1.1 billones para gas natural), teniendo en cuenta que los fondos actuales solo cubrirían un poco menos del segundo trimestre.

Aseguran los gremios que para preservar la operación del sistema energético es indispensable contar con esa certeza fiscal en el presupuesto.

En el bosque completo con este panorama se calman un tanto las preocupaciones del sector eléctrico en materia financiera, pero la estrechez entre la demanda y la oferta de energía firme sigue siendo un asunto latente que necesitará más que ponerse al día con las deudas por subsidios y opción tarifaria para darle solución.

Pero en lo que compete a la intervenida empresa Air-e, pese a recibir el giro de 231 mil millones de pesos por los subsidios de 2024, la suma es “insuficiente” para superar su crisis financiera y operativa. La razón: las deudas de la compañía, cuyo manejo está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024, con las generadoras han crecido exponencialmente. Antes de la intervención sumaban $940 mil millones y a marzo de este año –advierte la veeduría integrada por gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira–, $2,1 billones.

Frente a esta realidad financiera, dice la veeduría, el riesgo de apagón no solo financiero de Air-e, sino el apagón real por cuenta de no poder prestar el servicio de energía a estos tres departamentos se mantiene.

Un año después –7 de mayo de 2024– de la primera promesa del presidente Petro en Barranquilla de titularizar los saldos de la deuda por opción tarifaria como una de las varias salidas para reducir las tarifas, eso no se ha materializado. El último anuncio hecho por el Gobierno a través del Ministerio de Minas ha sido el de este miércoles, señalando que en el último período legislativo del cuatrienio para el que se eligió, que comienza el próximo 20 de julio, radicará un proyecto de ley para modificar la conformación de la Creg.

Y pide el ministro a todos los sectores involucrados en el tema de energía, incluidos los congresistas, “dejar de lado los discursos de apagón financiero y energético que tanto daño le hacen al país”, para poner en el centro de la discusión a los usuarios y “enfocarse en la seguridad energética de la nación”. }

La cosa es y lo que uno se pregunta: ¿cómo sustraer el riesgo real de un apagón de la falta de energía firme, de las tarifas, las deudas y la crisis del sector del que dependen los usuarios o con el que se mueve buena parte, sino toda, de la economía y las actividades productivas de un país?