Air-e afronta el momento más crítico desde el inicio de su operación en 2020. Sin una cuantiosa inyección de capital, la calamitosa realidad financiera de la intervenida empresa de energía eléctrica la sitúa al borde de una inminente liquidación. O del escenario, también ruinoso, de limitación de suministro. Referencia técnica de un racionamiento del servicio que dejaría a oscuras a casi cinco millones de personas en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La carta de contenido técnico, no político, del ministro de Minas, Edwin Palma, su otrora agente interventor, al superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, no deja dudas sobre su delicada situación. Air-e no tiene recursos para pagar sus obligaciones. Les debe a las generadoras por compra de energía $1,5 billones, también a proveedores y bancos. Como carece de capacidad para suscribir contratos a largo plazo, su exposición a bolsa en 2026 superaría el 70 %. Literalmente, insostenible. Además, su déficit proyectado en el flujo de caja alcanzaría $2,8 billones el próximo año e incumpliría la senda de pérdidas.

Ciertamente se asemeja a una travesía por el desierto sin una gota de agua. Urge que el Fondo Empresarial de la Superservicios le gire cuanto antes recursos frescos para honrar sus compromisos más apremiantes, sobre todo con el mercado mayorista de energía. Sin embargo, no existe certeza alguna de que este cuenta con el patrimonio necesario para hacerlo ni parece estar dispuesto a lanzarle un ‘salvavidas’ a la empresa que -no se olvide- decidió intervenir en septiembre de 2024 por su falta de flujo de caja, insolvencia e iliquidez.

No deja de ser una paradoja, una bastante cruel por cierto, que desde ese momento Air-e aumentó sus impagos y, en consecuencia, el monto de sus deudas, hasta en un 124 %. Entre otras razones, porque el mismo Estado no le abona lo correspondiente a la opción tarifaria ni a los subsidios para los usuarios de estratos 1, 2 y 3 que la comercializadora asumió. El remedio resultó peor que la enfermedad. De cualquier modo, lo que la Superservicios debe asegurar es una solución de fondo que “garantice la prestación eficiente y continua del servicio”, dice el propio Palma para evitar un riesgo sistémico que provoque un nefasto efecto dominó en la totalidad de los agentes del sistema eléctrico. Es un escenario posible.

No hace falta ser ave de mal agüero para señalar que el asunto tiene pésimo pronóstico. En un crucial debate de control político sobre energía, el senador José David Name le pidió la renuncia al superintendente Márquez. Hizo bien.

Sin recursos, solución ni estrategia, el funcionario no tiene ni idea de cómo salvar a Air-e intervenida. Parece que la empresa está al garete, a la deriva. ¿Quién nos responderá o dará la cara cuando la liquidación por falta de acción de la entidad encargada sea irreversible o nos apaguemos? ¡Estamos sentenciados!

Ahora, en medio de semejante crisis, lo de anunciar de la noche a la mañana que la empresa habilita tres opciones para que usuarios decidan de forma voluntaria si pagan o no la tasa de seguridad, un tributo de la Gobernación del Atlántico recaudado por la compañía desde hace años, en virtud de un convenio, ¿es causa o consecuencia de su cercano colapso o de la incapacidad del Gobierno, del Ministerio de Minas, de la Creg o de todos los anteriores de reducir el valor del kilovatio hora? Difícil saberlo porque la transparencia, a decir verdad, no ha sido una constante entre quienes han estado liderando la intervención estos 8 meses.

A simple vista queda la sensación de que se trata de un atajo, una trampa, un caramelo envenenado de la actual agente interventora que ni siquiera lo consultó con su interlocutor, la Gobernación. En últimas, la decisión sí reduce el valor del pago mensual, pero no resuelve la raíz del problema de la tarifa por la desactualización de sus componentes y, sobre todo, por el déficit de energía firme ante la creciente demanda. ¿A qué responde esta estrategia?

Complicado, porque no queda claro si es una maniobra en la dirección correcta o de simple distracción. Puede que frente a la airada protesta del gobernador Eduardo Verano que esgrimió razones jurídic as soportadas en la ordenanza de la Asamblea que modificó el Estatuto Tributario para dar validez al cobro el tema se quede en un amago. Hace algunos meses, a eso se redujo el intento –también unilateral- del primer interventor, Carlos Diago.

Lo cierto es que la tormenta que descarga sobre Air-e intervenida no tiene visos de amainar. El nubarrón que se alza sobre el cielo amenaza con dejarnos a oscuras en todo sentido. Muchos celebran dejar de pagar la tasa, sin caer en cuenta de que tendrían que hacerlo más temprano que tarde porque este impuesto, destinado a financiar proyectos de seguridad, compromete vigencias futuras y como toda obligación tributaria debería ser pagada de alguna forma. De lo contrario, las finanzas del departamento quedarán seriamente expuestas. Lo dicho, cuánta oscuridad.