Finjamos sorpresa frente al enésimo escándalo de corrupción en el interior de la Aeronáutica Civil denunciado esta vez por la revista Semana. Si bien es cierto que este no es el primer caso —de hecho la Fiscalía acaba de revelar que investiga licencias expedidas de manera fraudulenta desde el año 2016, obteniendo 28 condenas— la sociedad colombiana sí tendría que pararse en la raya para exigir que sea el último. No caben más dilaciones para desmontar, de una vez por todas, el entramado de contrataciones irregulares, nexos con el narcotráfico, nóminas paralelas y otros comportamientos ilícitos en los que incurren algunos de sus funcionarios. Sería injusto y miserable rotular como deshonestos a la totalidad de los 3.800 empleados de la entidad, por lo que es imprescindible sanearla, retirando y poniendo a disposición de la justicia, si se requiere, a aquellos que han terminado por convertirla en una cloaca.

Hace bien el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en comprometerse públicamente a llegar al fondo de las gravísimas denuncias formuladas por la revista, además con pruebas incontestables. Ojalá no sea una mera declaración para dar contentillo a la indignación colectiva, sino que procure esforzarse, cueste lo que le cueste, para zanjar esta desvergüenza. Muchos de los señalamientos, dicen los sindicatos de la Aerocivil son recurrentes. Datan de cinco o seis administraciones atrás, de manera que resulta perturbador que las redes criminales que autorizan la entrada, salida o tránsito en el espacio aéreo colombiano de aeronaves cargadas con droga o dinero o avalan la expedición irregular de licencias a pilotos sin la formación ni experiencia acreditadas, previo el pago de millonarias coimas, continúen operando como si nada. Es el momento de que la entidad empiece a dejar atrás esta crisis que la daña irremediablemente.

No se puede mirar al futuro ni garantizar un sistema aeronáutico de calidad si se dejan grietas en la depuración de esta descomposición institucional que, de acuerdo con las denuncias, salpica a cerca de 100 funcionarios de distintos niveles: desde bomberos hasta directivos, pasando por controladores aéreos, contratistas y empleados regionales. ¿Quiénes son los responsables de apagar radares, habilitar hangares o permitir el acceso de vehículos para ingresar o retirar la droga transportada en las aeronaves? O peor aún, ¿por qué muchas de las investigaciones internas iniciadas por la misma Aerocivil debido a las irregularidades jamás prosperaron? ¿Están o no involucrados integrantes de la Fuerza Aérea en las mafias de corrupción? Demasiadas preguntas que los organismos de control, así como la propia institución, deben responder lo antes posible a partir de sus pesquisas particulares, tanto las previas a este escándalo como las recién abiertas, para tratar de poner fin a los numerosos hechos de corrupción que se extienden a casi todas las dependencias de la entidad que requiere de una intervención profunda.

La apuesta del ministro Reyes por la transparencia debería llevarlo también a establecer de quién son las responsabilidades políticas en la asignación de cargos en la Aerocivil. Sería un gesto rotundo de su parte que se conociera quiénes nombran a dedo las posiciones de privilegio en la institución que, según las denuncias de nóminas paralelas o trabajadores fantasmas, funcionaba como un despacho de favores burocráticos. Tras las contundentes denuncias que confirman las sospechas existentes, no queda duda de que en los últimos años la corrupción no fue la excepción, sino algo habitual en la Aerocivil. Queda tela por cortar y explicaciones que dar en este lamentable episodio por el que los directores anteriores deberían ser requeridos, por lo menos para ser escuchados. En consecuencia, si para solventar la situación es necesario desnudar nuevas miserias, que sea rápido. Más vale ponerse una vez colorado, que muchas veces descolorido.