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El incremento en las tarifas de la energía eléctrica en la Costa, en vista de los niveles de preocupación, profundo disgusto e indignación que causa cada vez que llega la factura, es uno de esos cruciales temas que une a la región. No solo a los ciudadanos de a pie. También a gremios económicos, sectores productivos y sociales, autoridades y dirigencia política, cada cual más inquieto que el otro, por lo que hoy ocurre y el incierto panorama que se avecina. Seguir insistiendo en solucionar casos puntuales o proponer acciones con impacto local no resultan las salidas más expeditas para encarar una problemática de semejante dimensión. A una sola voz, la Costa Caribe debe demostrar su unidad frente a una situación que ha empezado a tornarse realmente desesperante para el bolsillo de la gente, roto además por la insufrible carestía de alimentos que, pese a las medidas gubernamentales, aún no cede como se esperaba. La consecuencia lógica de todo esto es que las capitales del Caribe figuran como las más costosas del país.

La cumbre de alcaldes convocada para este jueves por el mandatario de Barranquilla, Jaime Pumarejo, en la que se abordarán posibles alternativas para conjurar esta desbocada crisis, se convierte en un primer intento en la imperiosa búsqueda de respuestas urgentes que mitiguen la pobreza energética, a la que el demoledor aumento en el costo del kilovatio registrado durante el último año ha sometido a los usuarios, sobre todo a los de estrato más bajo, a quienes el subsidio apenas les cubre el 60 % de su consumo, cuando en ciudades como Bogotá lo hace en un 100 %. Nada más lamentable que resignarse a vivir con una carga insoportable que amenaza con devorar el menor resquicio de calidad de vida de las comunidades.

Adelantarse a examinar las debilidades estructurales que arrastra el actual sistema, luego de 20 años de desidia institucional que desencadenaron vergonzosos rezagos en infraestructura y descomunales pérdidas asociadas al robo de energía y la subnormalidad eléctrica, es un indispensable paso para concertar una propuesta realista, viable y de oportuna ejecución que pueda ser presentada sin falta al próximo Gobierno, independientemente de su signo político. El encarecimiento en el costo de la energía eléctrica es uno de los factores de mayor tensión en la Costa. No solo en términos económicos, también sociales, al convertirse en un problema que altera por completo el ánimo de la ciudadanía que, cada vez más, lo percibe como un asunto que envejeció mal y, lo que es aún peor, sin resolución cercana.

Pretender una receta de salida rápida o una medida de alivio temporal no es aceptable. Adicionalmente, cualquier desenlace debe contemplar el actual escenario del servicio en la Costa. Siendo pragmáticos, ni Air-e ni Afinia deberían ser señalados como los únicos responsables del malestar derivado del incremento en el precio de la luz. En ambos casos, los operadores aplican a sus usuarios un régimen tarifario avalado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para compensar pérdidas. Ahora bien, era ingenuo pensar que semejante embrollo se resolvería rápido tras la llegada de dos nuevos operadores. El Estado se encuentra en mora de hacer mucho más por la región en esta materia, su abandono e indolencia permitieron que se montara un circo, al que luego le han crecido los enanos.

Es hora de dar la talla. Los frentes abiertos demandan un plan de choque con múltiples acciones a considerar. Una de ellas es crear un régimen tarifario especial para la Costa que aumente el número de kilovatios subsidiados y ofrezca un esquema diferencial ajustado a sus necesidades climáticas. Otra es que el Estado comprometa recursos del presupuesto nacional por unos $ 8 billones para evitar que el aumento tarifario recaiga directamente en el usuario, mientras se terminan las obras de modernización eléctrica. En otras palabras, que financie esas inversiones, hoy a cargo de los operadores. Una tercera vía apunta a regular el precio del kilovatio vendido por las generadoras. Las reglas vigentes no permiten, en algunos casos, allanar el camino a estas iniciativas para hacer viable el servicio de energía en la región. Pues, tendrían que revisarse. Hay que desprenderse de temores, aprehensiones o prejuicios para enfrentar esta realidad que no es, ni mucho menos, una dificultad irresoluble. Habrá que esperar los resultados de la reunión de los alcaldes para conocer la ruta señalada, pero ante cualquier duda, unidad. Esta siempre será un gran recurso para hacerse escuchar con la suficiente fuerza.