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Aún retumban en El Vidrial, zona rural de Montería –capital del departamento de Córdoba–, las inaceptables amenazas proferidas por hombres armados que usurpando la función legítima de control social y territorial a cargo de autoridad administrativa o fuerza pública arremetieron contra decenas de personas que estaban en el interior de un establecimiento en la tarde del domingo 16 de mayo. Como quedó registrado en un video de 8 minutos viralizado en redes sociales, estos sujetos autodenominados como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo heredero del paramilitarismo en el país, con airados reclamos les exigieron “respeto” frente a hechos relacionados con “peleas” y “consumo de vicio” registrados, según dicen, durante los fines de semana en ese lugar, ubicado a 10 minutos de la zona urbana.
Es lamentable que ciudadanos en Montería, donde la positividad va en aumento y la ocupación de uci se sitúa en 88 %, decidan pasarse por la faja las medidas decretadas por el gobierno local para frenar el contagio por el virus acudiendo a estaderos en las afueras de la ciudad; pero es mucho más grave que un grupo de personas al margen de la ley decida impartir justicia o establecer sanciones amparado en su dinámica violenta y en el uso ilícito de armas. Una acción absolutamente repudiable que además se escenifica en medio de la emergencia sanitaria más difícil en la historia del país, y como si fuera poco, en uno de los momentos de mayor tensión social que se recuerde.
Tras indicar que no permitirá que “se siembre el terror en la ciudad”, el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, aseguró que los delincuentes “no tienen lugar en su territorio”, y anunció una recompensa de $20 millones para quien ofrezca información sobre los autores de las amenazas. Mientras, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, convocó a la Policía y al Ejército “a llenar el vacío de autoridad de manera inmediata”. Estos necesarios pronunciamientos en un escenario complejo que revela debilidades en materia de inteligencia y seguridad en inmediaciones de Montería tienen que estar acompañados por hechos que devuelvan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades llamadas no solo a reforzar la presencia de la fuerza pública, sino a identificar quiénes están detrás de estas acciones intimidatorias que vulneran los derechos de los monterianos poniéndolos en máximo riesgo.
No es la primera vez que estructuras de delincuencia común u organizada ponen en jaque a los habitantes de Córdoba al imponer un injustificable control sobre las medidas contra la covid-19. Un informe de la ONG Human Rigths Watch documentó cómo durante el aislamiento obligatorio en abril de 2020, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) cometieron abusos violentos acusando a personas de incumplir la cuarentena. La incursión armada en El Vidrial indicaría que lo siguen haciendo, lo que debe generar una alerta entre los organismos de defensa a nivel nacional. Este grupo criminal, bajo el mando de alias Otoniel, presente en el Urabá, Bajo Cauca y Córdoba, entre otras regiones del país, ha demostrado su capacidad de reclutar y entrenar a sus integrantes, adquirir armas y adelantar acciones militares ofensivas capaces de causar un enorme daño, además de someter a la población civil a todo tipo de agresiones y ataques.
Ninguna organización armada ilegal o grupo delincuencial puede imponer violentamente sus propias reglas en Colombia. Esto constituye un delito que las autoridades no pueden pasar por alto. Lo ocurrido en los alrededores de Montería exige intervención del gobierno local y nacional, que aunque desbordado por la crisis institucional que afronta el país, no puede desconocer la gravedad de la amenaza en El Vidrial. La protección de las comunidades es prioritaria e innegociable.
