Se necesita urgente una reconstrucción del tejido social. Una política pública que vaya más allá de intervenciones u operaciones militares y policiales. Un estado que no crea que la maleza se elimina hoja por hoja, sino desde la raíz, y vaya precisamente a eso, al trasfondo de una problemática social que, sin duda, es la génesis de todos los problemas de inseguridad que nos aquejan en el Atlántico, la región y el país entero.
La violencia nos ha golpeado fuertemente, ahora y antes, desde La Guajira, donde grupos armados se adentran en lo más árido del desierto para asesinar a indígenas o suben a lo más escarpado de la Sierra para traficar droga, hasta las costas del Atlántico, utilizadas durante años como plataforma para la nefasta exportación de narcóticos.
En Cesar, el ELN ataca instalaciones policiales mientras el ‘Clan del Golfo’ trata de ganar terreno y ‘los Pachenca’ no dejan de amenazar con tomarse la zona rural. Lo mismo sucede en Magdalena: una guerra entre bandas que no cesa y que, en ocasiones, obliga a que la población se encierre en sus casas, como sucedió en junio pasado debido a una amenaza de paro armado tras la muerte de ‘Chucho Mercancía’, máximo líder de ‘los Pachenca’.
En Sucre, las ‘Autodefensas Gaitanistas’, que no son más que el mismo ‘Clan del Golfo’, hicieron que las extorsiones aumentaran en La Mojana, mientras que en los Montes de María fue tal la violencia que regresó el desplazamiento. En el sur de Bolívar el panorama es igual de desalentador y la sombra de las AUC parece no desaparecer.
En el Atlántico, ‘los Costeños’ y ‘los Papalópez’ –un cáncer que parece eterno– así como la delincuencia común, la injerencia del ‘Clan del Golfo’ y la intolerancia hicieron de septiembre, hasta ahora, el mes más violento del 2020 con 61 homicidios.
En cuanto a violencia contra la mujer, según el Observatorio de Feminicidios, hasta agosto se registraron 23 de estos delitos en la Región, 10 de ellos en el Atlántico, departamento en el que, en total, asesinaron a 35 mujeres, de acuerdo con las estadísticas de las autoridades hasta el mes de septiembre.
Sumado a esto, los recientes casos de excesos por parte de policías y militares agudizaron la polarización política y la desconfianza en la fuerza pública, deslegitimando, a ojos de la ciudadanía, muchas de las acciones de las instituciones.
Este es el producto de una Nación que ha recibido a migajas la educación en valores y respeto por la institucionalidad. Un pueblo con oportunidades laborales escasas y que además enfrenta la dura problemática de la migración ilegal.
Es por ello que la solución debe ser integral, de fondo. El Estado debe repensar –o reinventar, usando una palabra de moda– la forma de educar a los ciudadanos. El fácil acceso a las escuelas y universidades, incentivar la generación de empleos y garantizar disminución en los costos de vida serían una cura a futuro. No hay que perder la esperanza en la lucha contra la desigualdad y la miseria.
