El plan de salvamiento de Electricaribe, que el Gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ha entrado en un periodo de turbulencias por la decisión del Defensor del Pueblo de demandar tres artículos ante la Corte Constitucional.
Tal como revela en su edición de hoy EL HERALDO, no se trata de tres artículos menores. Estamos hablando del propio corazón del proyecto concebido por el Ejecutivo para hacer la compañía eléctrica más atractiva a los posibles inversionistas.
El Defensor, Carlos Negret, pide a la Corte, nada más y nada menos, que declare inexequibles el artículo por el cual el Estado asume el pasivo pensional de Electricaribe, el que crea una sobretasa nacional de cuatro pesos por kilovatio para fortalecer el fondo empresarial del sector, y el que establece los términos y condiciones de las medidas de sostenibilidad del plan de ayuda.
Si Negret no accede a las peticiones de que retire la demanda, que le han formulado los gobernadores de la Región Caribe, serán los magistrados de la Corte quienes tomen la decisión sobre este complejo asunto.
No entraremos en este espacio editorial a juzgar el texto de la demanda del Defensor, entre otras cosas porque, como se ha dicho líneas atrás, es un tema que atañe a los encargados de administrar justicia.
Lo que sí podemos afirmar sin género de duda es que la demanda, si se mantiene, puede generar problemas al proceso en curso para encontrar nuevos operadores para la compañía.
Las razones son obvias. En primer lugar, porque la empresa resultará menos atractiva para los aspirantes si el Estado no asume el billón de pesos del pasivo pensional y si se tumba la tasa que apuntalaría la estabilidad económica del sector eléctrico, con Electricaribe como mayor beneficiario.
Estamos, pues, ante un nuevo enredo en el largo y accidentado camino para que los costeños podamos tener un servicio digno de energía eléctrica. Y lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que la solución se vuelva a aplazar de manera indefinida.
Ante esta encrucijada, no vamos a exigir al Defensor del pueblo que incumpla la ley si cree que esta lo obliga a demandar los citados artículos del PND; lo único que le solicitamos es que actúe con plena conciencia de que ha existido vulneración constitucional, ya que su decisión puede terminar afectando el derecho de una región a disfrutar de un servicio básico.
A su vez, el Gobierno debe tener un Plan B para el caso de que la demanda siga su curso o, más aun, que prospere, pues ello puede tener un efecto disuasorio en el proceso de adjudicación.
La Región Caribe estará muy pendiente.
