El acuerdo alcanzado ayer en La Habana entre el Gobierno y las Farc sobre la justicia transicional, que se presentaba como el punto más difícil de las negociaciones, coloca a Colombia ante su posibilidad más clara de alcanzar la paz en más de cinco décadas de conflicto armado.
El presidente Santos, que se trasladó por sorpresa a la capital cubana para avalar el pacto, anunció que el acuerdo definitivo deberá firmarse a más tardar en seis meses, tras los cuales la organización guerrillera tendrá un plazo de 60 días para abandonar las armas. Lo dijo antes de estrechar las manos con el jefe político de las Farc, alias Timochenko, sobre quien pesan gravísimos crímenes de lesa humanidad y que será uno de los beneficiarios de la nueva fórmula judicial.
Tal como lo anticipó la víspera el propio Santos, el acuerdo anunciado seguramente no gustará a muchos. Y es natural que así ocurra en un proceso de enorme carga emocional por la insoportable cantidad de víctimas, familias destrozadas y estragos económicos y sociales que ha dejado la guerra. Al mismo tiempo, serán muchos los que reciban con satisfacción lo pactado, porque entiendan que constituye un paso adelante para acabar la violencia.
El acuerdo, de 10 puntos, contiene algunos elementos que sin duda generarán polémica. Y deja además en el aire algunos interrogantes que deberán ser despejados por el Gobierno.
El primero es la creación de una “Jurisdicción Especial para la Paz” que investigará y juzgará los delitos cometidos en el conflicto. El presidente Santos sostiene que esa figura encaja en el orden judicial colombiano. La pregunta es cómo se conformará este cuerpo, que contará con Salas de Justicia y un Tribunal para la Paz.
El punto 4 establece que el Estado otorgará la “amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”. ¿Estos delitos conexos incluirán finalmente el narcotráfico, en la medida en que la guerrilla se dedicó a este negocio para financiar una actividad “política”? ¿Cómo recibirá la sociedad, o parte de ella, que el narcotráfico escape al castigo?
Aunque las penas contempladas para los delitos graves son iguales a los que en su día el Gobierno de Uribe fijó para la desmovilización paramilitar, la flexibilidad que se prevé para su cumplimiento en el caso de la guerrilla será otro asunto de debate.
Uno de los puntos llamativos del acuerdo es la definición del objetivo de la Jurisdicción Especial para la Paz: investigar y juzgar a “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado, incluyendo a las Farc y los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto (...)”. Este punto tiene dos lecturas, según el cristal con que se mire: por una parte, cobija bajo la generosa justicia transicional a militares o policías que hayan cometido delitos de lesa humanidad; por otra, pone a los agentes del Estado en el mismo nivel que a los subversivos que desafiaron al Estado, algo que ayer resaltó con visible satisfacción Timochenko.
Estos y otros asuntos deberán despejarse antes del momento de la refrendación de los acuerdos. Una refrendación, por cierto, cuya modalidad también tendrá que aclararse.
