Tras el archivo de la propuesta inicial de reforma a la salud, presentada por el gobierno en 2023, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes reanudará en los próximos días las discusiones sobre una nueva versión del Proyecto de ley. Esta segunda iniciativa del gobierno insiste en transformar el modelo de aseguramiento vigente desde 1993, manteniendo el objetivo central de reestructurar ampliamente el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
En ese sentido, el centro de pensamiento Anif, a través de un informe, detalla los problemas estructurales identificados por el gobierno que justifican la presentación de la reforma, examina el aval fiscal otorgado por el Ministerio de Hacienda en agosto de 2025, y evalúa los posibles riesgos de sostenibilidad fiscal asociados a la implementación de nuevo modelo de salud.
Explicaron que el nuevo modelo incrementará significativamente el gasto en salud de 5,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 a 7,6 % en 2036, con 96 % de recursos concentrados en gastos directos para atención primaria y servicios de alta complejidad.
Uno de los llamados fuertes de atención con la reforma a la salud es que los aportes de la Nación se duplicarán en una década: crecerán de $44 billones en 2026 a $96,2 billones en 2036, lo que indica un crecimiento real significativo cada año de los aportes de la Nación al aseguramiento en salud.
“Esto llevaría a un aumento de la dependencia fiscal del sistema del Gobierno Central, pasando de una participación del 38,6 % al 44,8 %”, sostiene Anif.
En materia de ingresos, indican que el supuesto de crecimiento de las cotizaciones a salud de los trabajadores basado en el crecimiento económico podría tener un riesgo no contemplado.
“Con la informalidad como problema estructural del mercado laboral, donde más de la mitad de los ocupados se encuentran en esa situación, el aumento de las cotizaciones al ritmo del crecimiento de la economía parece optimista. Lo anterior es crítico si se tienen en cuenta los potenciales efectos negativos de la aprobada reforma laboral, donde en el pasado hemos manifestado un potencial riesgo de pérdida de 180 mil trabajos formales como consecuencia de las nuevas normas laborales”, dice el informe.
En esa misma línea, manifestaron que los impuestos saludables constituyen otra importante fuente de financiación. Aunque las proyecciones muestran aumentos reales en el recaudo, esta fuente no debería considerarse permanente para el aseguramiento en salud. “Como se estableció en la exposición de motivos de la reforma tributaria que introdujo este impuesto, su propósito es corregir externalidades negativas mediante la reducción del consumo, lo que eventualmente disminuiría los ingresos fiscales de ese tributo”.
Asimismo, afirman que el cierre de las actuales EPS y su transformación en gestoras podrían generar costos adicionales significativos para la transición.
“Aunque la reforma contempla mecanismos para que las EPS cubran sus pasivos y se conviertan en gestoras, así como recursos para el pago de deudas de entidades con participación estatal como Nueva EPS y el saneamiento de las Entidades Sociales Estado (ESE), tanto los pasivos estimados como los recursos destinados parecen insuficientes. En particular, Las fuentes destinadas para cubrir los pasivos de EPS provienen del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante – FOSFEC, saldos de las cuentas maestras, excedentes de saneamiento de aportes patronales y excedentes del sector salud mecanismo de crédito a través del Grupo Bicentenario que suman 531.792 millones sin contar los créditos del grupo bicentenario”, puntualizaron.
