El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió un pronunciamiento en el que resaltó que el Gobierno nacional debe acelerar su estrategia para enfrentar la crisis fiscal que atraviesa el país.
Dicho Comité enfatizó que el análisis técnico del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) presentado por el Ministerio de Hacienda es insuficiente para estabilizar la deuda y retomar la senda de sostenibilidad.
El organismo se mostró cauteloso frente a la decisión del Ministerio de activar la cláusula de escape entre 2025 y 2027, y alertó que la trayectoria de reducción del déficit propuesta no logra conducir la deuda pública hacia un nivel prudente y por el contrario estima que si no se toman medidas adicionales desde este mismo año, el país podría enfrentar riesgos macroeconómicos más severos.
“El marco normativo establece que la cláusula de escape puede ser activada en presencia de eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica. Según el Ministerio de Hacienda, postergar el ajuste fiscal contribuye a la estabilidad macroeconómica”, recordó el Carf.
Sin embargo, detallaron que el principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal. “Postergarlo puede incrementar aún más las primas de riesgo, las presiones cambiarias y sobre la inflación, los costos de financiamiento de la economía, limitar la actividad productiva del sector privado y, en últimas, reducir el bienestar de la población”.
El Comité considera que la estrategia fiscal aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) no permite apuntalar la credibilidad y resulta insuficiente para estabilizar la deuda en el ancla prudente en el mediano plazo.
En ese sentido, consideran importante que el ajuste fiscal inicie en 2025 y que el Gobierno presente al Congreso de la República las medidas concretas que reduzcan gastos (y sus inflexibilidades), incrementen ingresos y conduzcan a que la deuda se estabilice en su nivel prudente (el ancla) en el mediano plazo.
Cálculos del Carf indican que las medidas de consolidación fiscal deben permitir que se alcancen gradualmente superávits primarios sostenidos en el rango 1,5 a 2 % del PIB; el escenario del Gobierno presenta superávits primarios inferiores, de 1,1 % del PIB, entre 2028 y 2036.
Además, señalaron que resolver la crítica situación de las finanzas públicas requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, incluido el Gobierno, el Congreso de la República, y la sociedad (entidades territoriales, organizaciones sociales, tejido empresarial y beneficiado por el gasto y las exenciones tributarias).
“Es necesario que se acuerden, urgentemente, las medidas requeridas para garantizar la sostenibilidad fiscal. El Mfmp 2025 presenta escenarios fiscales inerciales (sin medidas de política) más probables lo cual permite que los actores económicos, políticos y sociales comprendan la magnitud del ajuste que se requiere”, sostuvo el organismo.
Añaden que las necesidades de financiamiento se calculan en $193,9 billones (10,7 % del PIB), incrementándose en $56,6 billones respecto del Plan Financiero de febrero.
“La estrategia propende por reducir el costo de la deuda en 2025 y reconstituir niveles prudenciales de liquidez. Como porcentaje del PIB, el escenario refleja las máximas necesidades de financiamiento desde que el Carf tiene registros. La política de endeudamiento, respecto del plan financiero de febrero, se centra, principalmente, en obtener mayor deuda de corto plazo”, señala el Carf.
A juicio del Carf, la reducción en el déficit fiscal debe empezar en 2025. “La activación de la cláusula de escape no es un mecanismo para abandonar el esfuerzo de estabilización de las finanzas públicas. La credibilidad del escenario fiscal se fortalecerá con compromisos de recorte y/o con acciones que conduzcan a incrementos de los ingresos a partir de 2025”.
