“Colombia está cambiando”. Al menos así lo registran los titulares de algunos medios de comunicación, los discursos de los congresistas, los funcionarios del Gobierno en sus comunicados y la gente en general así lo percibe. Y está cambiando en muchos aspectos. Es una realidad. La visión respecto de los recursos naturales, las políticas económicas, la posición del Ejecutivo frente a la fuerza pública, la en fin; se supone que vamos a cambiar.

Las relaciones laborales son un claro ejemplo de ese cambio y se está comenzando a evidenciar desde el Ministerio del Trabajo, por parte de los trabajadores, las organizaciones sindicales y los empresarios. En estos últimos se nota, en términos general, expectativa y nerviosismo.

Colombia tiene un bloque de normas laborales que contiene los principios básicos, pero son anacrónicas, se quedaron atrás y no atienden los desarrollos actuales de las distintas formas de concebir el trabajo. Este escenario vuelve retador el panorama de la interacción de los empresarios con sus trabajadores, con el Gobierno y con las organizaciones sindicales, a falta de claridad de las futuras reglas del juego que anuncian en medios y hasta en Twitter altos funcionarios. En fin, impera la incertidumbre propia de nuevos vientos y con los anuncios algunos sectores parece que quisieran usando las vías de hecho, aplicar esas futuras regulaciones que, según dicen, reivindicarán los derechos de los trabajadores.

Hablan de una reforma laboral que, es cierto, está en mora de hacerse, pero al mismo tiempo cursan más de treinta proyectos de ley en el Congreso de la República en materia laboral con diferentes orígenes.

Y surge la pregunta: ¿qué pasará con las iniciativas en curso cuando la anunciada reforma laboral sea radicada en el Congreso de la República? No está claro. Solamente hemos recibido noticias respecto de una subcomisión creada por el Ministerio de Trabajo que, según la propia cartera, será la encargada de presentar un proyecto a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

No obstante, nada se ha dicho sobre el enfoque concreto de los cambios propuestos limitándose a reiterar que las jornadas deben bajar (como está previsto para 2023 con la Ley 2101 de 2021), que los salarios deben ser mayores y una determinada atención en la equidad de género en materia laboral, principio que tiene todo el sentido pero que, en algunos sectores, implicará también la pérdida de empleos de mujeres con el objeto de cumplir una cuota a la fuerza.  La paridad de género depende de un cambio cultural profundo y no de una ley.

En cuanto a una legislación laboral alineada con las economías colaborativas, que son una tendencia mundial, nada se avizora de lo anunciado por el Gobierno.  Al contrario, se percibe un rechazo a esta clase de negocios y el mensaje ha hasta de eliminación de este tipo de esquemas.  No podemos desconocer que este sector genera ocupación a millones de personas en Colombia y esos negocios serían, en su gran mayoría inviables si se pretende crear relaciones laborales.

Por último, en materia de salario mínimo, la inflación a noviembre fue del 0.77% y en lo corrido del año alcanzó 11.72% con variación anual del 12.53%.  Esa inflación nos hace pensar en un incremento del salario mínimo posiblemente por encima del 15% que sería el más alto en los últimos 21 años convirtiéndose quizás en un elemento adicional para una inflación considerable.

* Socio del Área Laboral.