Columnas de opinión |

Regulen

La plataforma de Uber está disponible en Colombia desde hace siete años y su salida del país deja mucho que desear sobre el liderazgo político nacional ¿Cuántas legislaturas pasaron antes de que un juez tuviera que sacar a la empresa del país? Esta controversia no es nueva, de hecho, podría citar múltiples columnas en las que referí el tema desde el principio de neutralidad en la red, advirtiendo que la Nación no podía tomar acciones en contra de la plataforma en sí misma. Tampoco es nuevo el debate sobre la regulación del transporte en Colombia y el monopolio que se ha establecido desde el gremio de los taxistas para mantenerse como los prestadores exclusivos del servicio, sin embargo, ni el Gobierno nacional ni el Congreso tuvieron la iniciativa de presentar soluciones a este asunto que afecta directamente a los ciudadanos.  

La presencia de Uber en Colombia cambió la forma en que los usuarios nos movilizamos, por múltiples razones, entre la cuales está poder transportarse por las ciudades con facilidad sin importar la hora, tener una trazabilidad de las placas y los nombres de los conductores generando una atmosfera de seguridad y confianza y, en algunos casos, eliminando el pago en efectivo, situaciones de robo o alteraciones al taxímetro. Uber y empresas como DiDi o Beat, son un alivio para todos siempre que buscan generar alternativas cómodas y fáciles para transportartse 

Varios puntos se han planteado sobre este tema, entre otros, que el servicio que prestaba Uber no se daba en igualdad de competencia con el servicio de taxi y, si bien esto es cierto, habría numerosas alternativas para darle solución a este asunto. También, esto habría sido una inmensa oportunidad para que los taxistas prestaran un mejor servicio, desarrollaran una plataforma similar y prestaran una atención más amena para los usuarios, pero lejos de lo que sería natural en una economía de mercado donde el que gana más es el mejor, parece que lo que triunfó no fue la excelencia sino la capacidad de apoyo político y de cabildeo en las instituciones públicas. 

Al juez que falló este caso le asiste la razón pues su deber en sancionar a quienes incumplan la ley, no obstante, debemos exigir a quienes nos representan en el Congreso y a quienes lo hacen en el Gobierno que implementen una solución inmediata al problema que se presenta o quedaremos a merced de una oferta de transporte privado limitada que no se compensa con las escasas soluciones públicas para el transporte dentro de las ciudades. Conforme a lo que informa la prensa el siguiente paso será demandar a las demás plataformas que prestan un servicio de intermediación semejante a Uber, incluyendo a las apps de patinetas eléctricas y si siguen con esta línea de litigio sin que se desarrolle ninguna regulación al respecto estaremos muy lejos de estar en línea con la economía digital y con una vida de calidad en las ciudades. 

@tatidangond 

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