Nadie está tranquilo en Bogotá, bien sea por el miedo a morir asesinado en el robo de un celular o porque saliendo de un sitio público te droguen con escopolamina y te saquen hasta el último florero de tu casa. La situación de inseguridad de la capital colombiana no es desconocida para nadie, desde asaltos a mano armada hasta robos sofisticados orquestados por bandas que tienen toda una red para hacer de las suyas a espaldas de la ley. Entre enero y septiembre de este año se han presentado 101 homicidios asociados a robos, lo que representa un crecimiento de esta cifra frente al 2020 en el cual, en este mismo periodo de tiempo, se presentaron 58 asesinatos por hurto. 

Entre las razones que expone la Alcaldía de Bogotá para justificar el aumento de estas cifras, es que en el 2020 la ciudad se encontraba confinada por el covid-19, por tanto, los riesgos asociados al hurto se disminuyeron notablemente. En cualquier caso, más allá de las razones por las que haya aumentado el número de muertes por robos, lo cierto es que esta es una realidad palpable que deja a merced de la delincuencia el bien jurídico tutelado más importante para la sociedad; nada más y nada menos que la vida. 

En el 2021 se han presentado 75.239 denuncias de hurtos en Bogotá, denuncias que en su gran mayoría no son investigadas por las autoridades, que se quedan en la impunidad, bien por la poca capacidad para impartir justicia en Colombia o porque se suman a un listado de bienes robados que parece que las autoridades encargadas le restan relevancia. Hemos llegado a un punto donde el robo de un bien sea un computador, un reloj o un celular no significa nada, pues parece que la tesis ganadora es que si tuviste la fortuna de sobrevivir a tal delito la propiedad privada es lo de menos. Una tesis que a todas luces resulta contraria al Estado de derecho, pero que premia y privilegia a la delincuencia que conoce que no hay ninguna consecuencia por sus actos. 

Las razones de la violencia en Bogotá son múltiples e involucran a diferentes actores que van desde atracadores callejeros hasta bandas de microtráfico que se enfrentan por el control de zonas de la ciudad y que las autoridades no han logrado desarticular. No es razonable sostener que el problema que se va a resolver de un día para otro, pero entre las dificultades más complejas que enfrenta la capital es la capacidad para dilucidar con claridad cuáles son las raíces de la criminalidad. Por esta falta de claridad, se ha visto en diferentes alocuciones a la alcaldesa de Bogotá señalar a la migración de venezolanos como la culpable de la inseguridad, lo que no solo es una mentira comprobada, sino que aleja a las instituciones de atacar los verdaderos problemas asociados a la violencia urbana. 

Qué agobiante es para un ciudadano tener que esperar lo peor al salir a la calle, tener que vivir la frustración de enfrentarse a la justicia cuando es víctima de un robo y al final no recibir ninguna respuesta pues su caso se refunde entre cientos de denuncias que nunca serán investigadas. En cualquier caso, la responsabilidad por lo que sucede en Bogotá no es imputable exclusivamente a la Alcaldía, sino que comprende una responsabilidad conjunta que incluye a la justicia quien tiene en su poder evitar que la impunidad se reduzca a su mínima expresión. 

@tatidangond