Se pone de pie una señora de más de 70 años de edad, se acerca al estrado y relata que su hijo salió un día a comprar una bolsa de leche y nunca volvió. El representante de la Fiscalía relata lo que se dijo en las versiones libres de paramilitares sobre la muerte de su hijo; había sido asesinado por las AUC en el marco de su política de aniquilamiento, mal llamada “limpieza social”. Según el relato que dieron los victimarios, había un rumor en el pueblo de que el hijo de la señora estaba consumiendo drogas. La señora al conocer esta versión, mira al juez y al representante de la Fiscalía y con lágrimas en los ojos les dice que lo único que espera es que borren del expediente que la razón del asesinato de su hijo estaba relacionada con un asunto de drogas porque era una mentira.

Estos hechos los presencié en una audiencia de Justicia y Paz en el 2014, en la cual se conocían diferentes casos de desapariciones forzadas del Bloque del Magdalena Medio de las AUC. El caso de esta señora era similar al de muchas familias que le pedían a la justicia que rectificara las razones que daban los paramilitares para justificar desapariciones, masacres y asesinatos. Como sucedió en el Holocausto Nazi o en Ruanda, el exterminio y la violencia se intentan esconder detrás de la mentira y la propaganda.

En muchos municipios a lo largo y ancho del país, en los cuales grupos armados de diferente índole han llegado a ejercer control territorial, ha habido una estrategia de exterminio y violencia fundada en la mentira, el estigma y la imposición de supuestas reglas morales. Por esto, la violencia contra la población civil en Colombia ha estado intrínsecamente ligada al estigma, y este último ligado al lenguaje y a la comunicación.

Aunque para muchos políticos resulte de menor importancia relativizar en sus discursos los conceptos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, lo cierto es que estos tienen un efecto directo sobre la verdad, la condena a la violencia y el reconocimiento de las víctimas. Un gobierno cuyo Alto Comisionado para la Paz se manifiesta de forma equívoca al intentar hacer precisiones sobre lo que es una masacre y lo que a su juicio no lo es, es un gobierno que no está asumiendo como debería el reconocimiento de la vulneración de los derechos humanos en Colombia. Tampoco es un rechazo a la violencia o un acto significativo para las víctimas, la publicación de un cuadro comparativo del número de asesinatos entre un gobierno y otro. El lenguaje debe ser respetuoso de los derechos humanos, entiendo que la gravedad de la violencia es inconmensurable y debe condenarse sin relativizaciones.