Hay valores que como sociedad no se deberían desdibujar, dentro de estos, la seguridad como un elemento indispensable para alcanzar la igualdad real y efectiva. Mientras la paz total se convierte en una realidad tangible, la Fuerzas Armadas tienen el deber y la obligación constitucional de garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en el territorio nacional, más allá de las decisiones políticas que uno u otro gobierno decida adoptar. La noticia relacionada con la presencia de disidencias de las Farc en Yarumal, un municipio cercano a Medellín, es la muestra de un debilitamiento en materia de seguridad que no debería tener lugar después de décadas en las que los colombianos hemos rechazado esta forma de violencia que tanto daño le ha hecho al país. 

Querer y anhelar la paz no supone debilitar la seguridad, pues esta ha sido el punto más débil del territorio colombiano y lo que nos ha impedido tener un pleno desarrollo donde todos los colombianos encuentren oportunidades sin importar las consideraciones de tipo socioeconómico. La paz, parcial o total, no será un hecho cierto si el Estado pierde el control de los territorios y si permite, por acción u omisión, que las disidencias o cualquier grupo criminal tenga la libertad de entrar y salir de escuelas como pedro por su casa. 

Si bien la violencia en Colombia ha tenido impacto históricamente sobre todo el territorio nacional, lo cierto es que en el contexto actual las poblaciones que más la sufren son las que a su vez padecen por la carencia de un Estado incapaz de responder ante sus necesidades sociales, económicas y culturales. Así como debería haber un consenso nacional para alcanzar la paz, también debería haber un compromiso del gobierno y de todas las instituciones del Estado, incluyendo a la Fuerza Pública, para garantizar la seguridad a lo largo y ancho del país. 

Las políticas de seguridad nacional deben ser políticas de Estado y deben estar al margen de las coyunturas políticas de un determinado momento, y tal como lo he señalado en anteriores columnas un proceso de paz no puede poner en riesgo la seguridad en los territorios y menos aún generar un clima de laxitud frente a grupos o bandas criminales.  Estas organizaciones se oxigenan ante la debilidad y las contradicciones de la Fuerza Pública, una dinámica que no es propia de una institucionalidad seria y comprometida. 

La paz solo será posible si el Estado es capaz de llenar los espacios que en su ausencia la criminalidad ha ocupado. Con miras hacia la paz la Fuerza Pública debe cumplir con su objetivo, el cual no es otro que garantizar el Estado de derecho y la seguridad humana de los habitantes de este país.