El nuevo proyecto de reforma para modificar la Ley de Servicios Públicos en el país pretende, como lo anunció el presidente Petro hace unos meses, que el eje del servicio sea el usuario, una intención plausible desde los derechos sociales. Sin embargo, la retórica del presidente se vuelve a imponer sobre la eficacia de sus propuestas, esta vez evidente en la poca viabilidad de las tres propuestas insignia del borrador, que lejos de favorecer a los usuarios parecieran priorizar decisiones de carácter político.

En primer lugar, el proyecto plantea fijar un mínimo vital de servicios públicos. El problema de esto es que ya existe un modelo de subsidios cruzados que no alcanza a cubrir todos los subsidios otorgados a estratos 1, 2 y 3. Por lo tanto, mantener este modelo, más un mínimo vital, sería el equivalente a aumentar el déficit de las empresas de servicios públicos. Si a esta ecuación le sumamos que la reforma no estima ni cuánto ni cómo se va a financiar la iniciativa, pues estamos frente a una bomba de tiempo que pone en riesgo tanto a las empresas prestadoras de servicios como a los usuarios.

La segunda iniciativa bandera busca otorgarle mayores facultades de regulación y control a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, algo que en principio no resulta tan novedoso porque vigilar y controlar siempre ha sido la función de esta entidad. No obstante, cuando se es juez y parte, las cosas no salen bien, dado que los formales terminan siendo perseguidos y los informales subsidiados.

Además, el borrador del proyecto pretende otorgarle al presidente atribuciones de regulador directo de los servicios públicos, una pretensión que ya había sido sujeta de decisión judicial ante el Consejo de Estado, y que ahora se pretende revivir a través de la reforma, poniendo en riesgo el carácter técnico de las comisiones reguladoras.

Aumentar la intervención estatal bajo una falsa ilusión de favorecer al usuario, solo va a generar que prestar servicios públicos en Colombia se vuelva inviable. Por supuesto que se deben enfrentar las ineficiencias actuales, como el aumento exponencial de quejas de usuarios por las tarifas de los servicios, y sobre todo la ampliación de la cobertura a través de inversión en infraestructura, lo cual sería el camino más óptimo para mejorar la tarifa.

El monopolio estatal de los servicios públicos no es una buena idea; destinar recursos para la construcción de la infraestructura sí lo es. Con esto, mejoramos la tarifa y conectamos a los ciudadanos, pero intentar controlar el mercado de los servicios públicos a través de regulación con la excusa de subsidiar la tarifa solo generará la quiebra de las empresas prestadoras y la ausencia de soluciones para los más vulnerables.