Los cambios que se vislumbraban con la llegada de Gustavo Petro al poder comienzan a tomar forma con las declaraciones de sus más cercanos colaboradores. Esta vez fue Ricardo Bonilla asesor del hoy presidente electo en los temas económicos quien dijo que, para fortalecer las finanzas territoriales en cuanto al impuesto predial, se debe lograr que la base gravable de ese impuesto, que es el avalúo catastral, se aproxime más al avalúo comercial.

Para que el avalúo catastral de un predio se aproxime al valor comercial y así lograr aumentar el recaudo del impuesto territorial se deben dar varios requisitos.

El primer requisito es hacer una actualización catastral, tomemos como ejemplo un municipio categoría 6 que tiene en promedio 5.000 predios y para actualizar el valor catastral o fiscal se debe invertir por predio un valor aproximado de $120.000 pesos para un total de $600.000.000 millones.

¿La primera pregunta es quien asumirá los costos de la actualización del catastro multipropósito, el municipio, las gobernaciones o el gobierno central?

El segundo requisito es actualizar las tarifas del Impuesto predial y eso conlleva a actualizar el Estatuto Tributario del municipio vía concejo municipal y esto tiene un costo mínimo de $30.000.000 millones de pesos, ¿quién asumiría este costo?

El tercer requisito es actualizar las bases de datos de contribuyentes porque hoy solo están pagando el 30% del total de contribuyentes y para poder ampliar la base de contribuyentes se requiere conocimientos en manejo de datos para poder hacer cruce de datos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado y Registro (VUR) y los municipios no tienen el conocimiento para realizarlo y mucho menos los recursos, entonces ¿quién pagaría por estos servicios?

El cuarto requisito es que los municipios en su gran mayoría no cuentan con software financieros y tributarios actualizados que les permita el manejo eficiente de los impuestos y tampoco tienen manuales claros de recaudo persuasivos y coactivos.

Y el quinto requisito y no menor, es si el alcalde de turno tiene o no la voluntad política para cobrar el impuesto a todos los contribuyentes.

Si la intención es ayudar a los municipios a aumentar sus ingresos tributarios a través del impuesto predial, esta no es la vía, porque al subir el avalúo catastral solo afectaría al 30% de los contribuyentes que vienen pagando cumplidamente el tributo, pero el otro 70% de contribuyentes que no lo pagan seguirán por fuera del radar tributario.