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Opinión

Una contra un millón

Los economistas definen como “bien público” aquel cuya utilización o consumo no es divisible, por lo que puede ser utilizado o consumido por todos los miembros de la comunidad y cuyo uso “no rivaliza”, es decir que el acceso de un individuo adicional no impide el uso a los demás. El canal navegable del puerto de Barranquilla, los parques y el alumbrado callejero son bienes públicos. Generalmente su existencia o producción no sería rentable para que se produzcan en la cantidad y calidad requerida para satisfacer a toda la población, por lo que suelen requerir intervención estatal. En algunos bienes públicos como las calles hay algo de rivalidad, pues aunque pueden ser utilizadas por tantos conductores como quieran, llega un momento en que un conductor adicional afecta la velocidad y seguridad de los demás. Y también los hay “excluyentes”, en los cuales se puede impedir que un individuo consuma el bien si no paga por él, como en las carreteras con peaje.

Desde principios de los años 90 se permitió en Colombia concesionar terminales portuarios y aeroportuarios, que también son bienes públicos. Ello tuvo consecuencias positivas en la eficiencia y calidad de sus servicios. Pero también hubo una disminución de la solidaridad colectiva hacia la defensa y cuidado de esos bienes. Actitudes que varían según sea el grado de amistad o animosidad de los ciudadanos, e incluso de diversas autoridades, no hacia el bien o servicio mismo sino hacia las personas o empresas a quienes se haya encomendado su operación. Reacción explicable pero inconveniente. Al fin y al cabo, la concesión de su administración no hace esos bienes menos “públicos” que cuando eran administrados, de mala manera, por entidades estatales.

Nuestro aeropuerto Ernesto Cortissoz está hace varios años incurso en un costoso proyecto de modernización y ampliación tanto de su lado aire, pistas y elementos de seguridad de vuelo, ya concluido; como del lado tierra, terminal de pasajeros y carga, que incluye el llevar su estructura a cumplir con nuevos estándares de sismo resistencia, inexistentes cuando se construyó. Exigencia engorrosa dada la existencia de largos muros de carga a los que es necesario forrar en un sándwich de concreto. 

A ese reto técnico se ha agregado la intransigencia de la dueña de la peluquería L’image Deluxe que durante 15 meses se ha negado a colaborar con el traslado de local necesario para continuar las obras, utilizando toda clase de argucias legales. Con ello ya se han acumulado 5 meses de atraso en el cronograma total de la entrega del terminal. Como el aeropuerto mueve 240 mil pasajeros mensuales, la señora ya ha perjudicado a 1.200.000 personas que por cinco meses más de los necesarios tendrán que aguantarse la incomodidad de los trabajos. Y los días siguen pasando. Y los perjudicados aumentando. Indignante. Muy indignante.

rsilver2@aol.com

 

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