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Opinión

Residencias médicas

Esta debe ser una de las reformas más trascendentales en la educación del país. 

Pienso en Flexner y su reforma educativa hace más de 100 años. Concebía el médico como la persona rica en conocimiento y en cultura. Esta formación humanística les facilitaría a los conceptos éticos asimilados regular el comportamiento y su proceder. “La proliferación de escuelas de medicina obedece a razones principalmente económicas (y políticas)” y otra de sus premisas” el médico es un instrumento social”.

Esto permite llegar a la histórica fecha cuando se firmó la Ley 1917 de 2018 en el cual se reglamentó el Sistema de Residencias Medicas en Colombia. El estado dispondría de mejores condiciones para la formación de este recurso humano insustituible en el sistema de salud. Por fin, los 5.300 médicos, mañana especialistas, recibirían del estado dos reconocimientos: profesionales en vía de adquirir un concepto especializado autorizado para ejercer durante el proceso académico de formación y un estipendio estimado en tres salarios mínimos legales.

Los pasos paquidérmicos del estado empezaron a andar y solo hasta julio del 2020 recibieron nuestros colegas el primer pago. Se pudo abolir una intermediación de la IPS o de la Universidad y esta platica llegaría directo al bolsillo necesitado y limpio de estos colegas. Aún falta y hasta hace una semana 500 de los 5.300 residentes no habían recibido el pago de julio del 2020.

Los alcances de la 1917 fue la creación del Sistema Nacional de Residencias Médicas. Pero hay muchos más logros: por ejemplo, el tope en las matrículas de posgrado. Las universidades deben justificar el porqué de los costos. Resulta inexplicable que un semestre de posgrado cueste 20 millones de pesos. Ojalá dentro de esta justificación figure un justo salario a los Profesores quienes extendiendo su labor asistencial adquieren un apéndice docente. Esto debería obligar a las Universidades a establecer la carrera docente y la formación de su cuerpo de profesores. La adquisición de tecnología de punta para que los hospitales, escenarios de enseñanzas, sean centros de alta tecnificación. O tal vez la formación complementaria de los practicantes en epidemiologia y así los trabajos de promoción, más que revisión de temas, sea proyectos de investigación con impacto en las políticas de salud pública del país. La normatividad de la Ley 1917, habla en su artículo 12 que los costos deben ser “verificables y demostrables”. La autonomía universitaria no puede ser el escudo para no explicar los sobrecostos.

Esta debe ser una de las reformas más trascendentales en la educación del país. Dejar de considerar al médico residente como un estudiante de posgrado, regular la excluyente matrícula, eliminar el odioso cobro de los hospitales a las universidades por el uso de sus instalaciones y como este rubro era la justificación para las altas matrículas. Hay pasos que debemos dar: un examen único de admisión regulado por el estado en donde los mejores y la meritocracia asignen los cupos. Estándares de calidad homogéneos, no requisitos mínimos, en la formación de los futuros especialistas y flexibilidad en las rotaciones extramurales para que la sociedad del conocimiento tenga entre sus pilares la igualdad. Por lo menos ya empezamos: dejar de pagar por trabajar.

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