La tutela de la Suprema, en la que imparte órdenes en relación con las manifestaciones, es escandalosa y muy preocupante.

Dice la Corte que hay un uso "equivocado” de la fuerza por parte del ESMAD frente "a quienes desean manifestarse pacíficamente”. Falso. El ESMAD no interviene en las manifestaciones pacíficas. Lo hace cuando hay derivas violentas y actos de vandalismo o cuando es atacada por algunos de los manifestantes.

Según la Corte, “se infiere […] por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes [ocasionadas por la Policía] que, hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno, para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.

Tampoco es cierto. De las lesiones en manifestantes no puede inferirse que hayan sido causadas por la Policía. En muchas protestas hay infiltración de violentos que usan armas. Del hecho que se probara que las lesiones hubieran sido ocasionadas por la Policía, no es posible deducir que hay culpa. La Policía tiene el deber de usar la fuerza si fuese necesario para controlar a los violentos y proteger vida, integridad y bienes de los ciudadanos. Si las lesiones fueron causadas en ese marco de necesidad, estarán justificadas siempre que la fuerza usada haya sido proporcional para neutralizar la amenaza o a la agresión.

Finalmente, es quizás lo más grave, la tutela de la Corte invade las órbitas de competencia de las otras ramas del poder público. Y no procura proteger derechos y libertades sino proyectar la ideología de los magistrados. Es otra manifestación del activismo judicial y de la expansión incontrolada de la función jurisdiccional a la política. Es una expresión más de la politización de la justicia y de lo que un expresidente de la Suprema se atrevió a denominar como "el gobierno de los jueces”.

No es gratuito que en una democracia las decisiones políticas y de conveniencia le correspondan al Congreso de la República y, en menor proporción, al Presidente. Parlamentarios y jefe de estado tienen una legitimidad democrática y una representación política fundada en el voto popular que no tienen los jueces. Además, el ejercicio legislativo permite que las voces más diversas participen en el debate, abierto y público, y las conclusiones reflejan las mayorías. Presidente y congresistas están sujetos al control político que hacen la ciudadanía y los votantes, y al control judicial de sus actuaciones. Sus decisiones son susceptibles de ser revisadas judicialmente para asegurar que se ajusten a la Constitución y la ley. En cambio, los magistrados de las altas cortes se eligen entre ellos, son apenas unos muy pocos, no representan a nadie, discuten a puerta cerrada, sus decisiones no tienen control alguno y no le rinden cuentas a nadie. Con semejante poder, las cortes deberían ser especialmente cuidadosas en el ejercicio de sus funciones y nunca extralimitarse. Cuando hacen política y cuando invaden las competencias de Congreso y Presidencia no solo no defienden el estado de derecho sino que amenazan y erosionan la democracia. El gobierno de los jueces no es otra cosa que la dictadura judicial.