En Colombia hemos perdido la capacidad de asombro cuando se trata de escándalos de corrupción. Sin embargo aún hay hechos que logran conmovernos por su gran dosis de maldad y perversidad. Es lo que acaba de suceder con los multimillonarios recursos de los proyectos de los Ocad Paz, que habrían terminado en manos de funcionarios corruptos tanto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) como de la Contraloría General, así como contratistas y distintas alcaldías y gobernaciones del país.

Son cerca de 500.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías –de un total de 4.4 billones de pesos que fueron aprobados– que jamás llegaron a su destino, que no era otro que los municipios más afectados por el conflicto armado, articulados en los llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Unos 170 municipios dejaron de beneficiarse con dichos recursos.

La investigación realizada por Valeria Santos y Sebastian Nohora, quienes hacen parte del equipo de “Mañanas Blu cuando Colombia está al aire”, evidenció la criminal red que permitió las irregularidades e ilegalidades que se habrían presentado en la aprobación de por lo menos 27 proyectos entre junio y diciembre del 2021. De acuerdo con la investigación de los periodistas, por lo menos el 12 por ciento del total de los recursos aprobados por el Ocad Paz se destinó al pago de coimas.

Las coimas pagadas comprometen a proyectos aprobados –algunos en ejecución– en los departamentos de Cesar, Córdoba, Bolívar, La Guajira, Sucre, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Nariño y Risaralda, entre otros.

Durante el desarrollo de la investigación –que se prolongó por más de seis meses– los periodistas de Blu Radio hablaron con más de veinte alcaldes del país, quienes, bajo la condición de mantener en reserva su identidad, narraron el modus operandi de la red de corrupción y la forma cómo debían acceder al pago de las coimas para poder contar con la aprobación de sus proyectos. El comportamiento de los funcionarios era tan simple como perverso: alcaldes que pagaban las coimas contaban con la aprobación de los proyectos y quienes se negaban debían resignarse a que su propuesta fuera descartada.

La Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto y en estos momentos adelanta 24 actuaciones disciplinarias por presuntas irregularidades tanto en la aprobación como en la ejecución de los proyectos. La entidad verifica la actuación de funcionarios, tanto de Planeación Nacional como de la Contraloría General, alcaldías y gobernaciones, quienes habrían comprometido cerca de 250.000 millones del SGDR a través del Ocad Paz.

De acuerdo con la Procuraduría General, el Grupo Especial de Seguimiento ha priorizado 27 proyectos aprobados por el Ocad Paz, que superan la cifra de 437.000 millones de pesos. En desarrollo de esa investigación abrió 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias.

El ex consejero presidencial de Estabilización y Consolidación Emilio José Archila, quien presidía el Ocad Paz, órgano colegiado de administración del SGDR, compareció ante la Fiscalía General para explicar su actuación: “Durante todo mi ejercicio invité públicamente, por muchos medios y muchas veces, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes”, declaró Archila.

El exfuncionario afirmó que desde el primer trimestre del 2021 había advertido sobre el presunto cobro de un “peaje” por parte de funcionarios de Planeación Nacional y la Contraloría General para viabilizar los proyectos sometidos a su aprobación.

¿Quiénes deben responder y cómo se elaboró el entramado para robarse los recursos de los pueblos más pobres del país, sometidos por décadas al embate de la guerra?

¿Quiénes cranearon el saqueo? ¿Quiénes recibieron la plata? ¿Qué políticos participaron?

El saqueo al Ocad Paz fue de tal magnitud que hoy solo dispone de 8.000 millones de pesos para desarrollar obras en los municipios más pobres del país, afectados por el conflicto armado. Como se dice popularmente: los ladrones rasparon la olla. El nuevo gobierno de Gustavo Petro no tendrá los recursos suficientes para realizar obras y llevar a cabo programas de desarrollo en esas comunidades. Hoy los

PDET no tienen viabilidad financiera para los próximos cinco años. Mejor dicho: más que raspar la olla, los ladrones se la llevaron, pues 8.000 millones de pesos no alcanzan ni para realizar la más pequeña de las obras que se requieren con urgencia en esos 170 municipios golpeados por la guerra.

Ante esta situación se requiere la mayor celeridad tanto de la Procuraduría, como de la Fiscalía y la propia Contraloría para dar con los culpables de este saqueo.

Todos deben pagar por su actuación criminal y todos deben recibir castigos ejemplarizantes. Los recursos públicos son sagrados, mucho más si buscan beneficiar a la población más vulnerable.

Es necesario que el país sepa con prontitud: ¿Quiénes cranearon el cobro de las coimas? ¿Quiénes las cobraron? ¿A cuánto ascendieron? ¿Quiénes son los congresistas que participaron en el saqueo? ¿Recibieron comisiones por su gestión? ¿Cuánto dinero recibieron? En fin, son muchas las preguntas y muy pocas las respuestas –hasta ahora– de este saqueo a los recursos de la paz?

¿Cómo operaba la red que saqueó los recursos de la paz?

De acuerdo con las denuncias de varios alcaldes, desde el DNP y la Contraloría recibían presiones para que pagaran coimas con el fin de posicionar muy bien sus proyectos para poder ser aprobados en el Ocad Paz.

Ellos se encargaban de ubicar dichos proyectos en lugares de privilegio que facilitaran su escogencia. De acuerdo con los alcaldes, negarse a pagar la coima solicitada era exponerse a que su proyecto fuera excluido del orden del día y por consiguiente no fuera sometido a aprobación.

Acceder al “chantaje” les garantizaba la aprobación del proyecto y por consiguiente tener la posibilidad de realizar obras para la comunidad.

¿Cómo operaba la red? Para presentar el proyecto el alcalde necesitaba de un “padrino político”, es decir un congresista, quien se encargaba de hacerle seguimiento a la propuesta ante el Ocad Paz hasta llevarla a feliz término.

Después de contar con el “padrino político”, el alcalde debía concertar con los funcionarios del DNP y de la Contraloría la aprobación de los controles previos y por último debía proceder a pagar las coimas acordadas. De esta forma garantizaba la aprobación del proyecto.

¿Qué tienen que decir Planeación Nacional y la Contraloría General?

Luego de conocerse la investigación de los periodistas de Blu Radio, son varios los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional que deben dar explicaciones para que las autoridades determinen su responsabilidad en los hechos.

Uno de ellos es el ex director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, pues varios alcaldes entrevistados por los periodistas de Blu –que solicitaron no ser identificados por razones de seguridad– señalaron a funcionarios de esa entidad de hacer parte de la red de corrupción que saqueó los recursos de la paz.

Lo mismo habría sucedido con funcionarios de la Contraloría General y con congresistas del Partido Conservador.

También figuran alcaldes, que se habrían prestado para el cobro de las coimas. Entre los nombres mencionados están los representantes conservadores Alfredo ‘Ape’ Cuello, del Cesar, y Wadith Manzur, de Córdoba, así como el senador Samy Merheg, de Risaralda.

De acuerdo con la investigación “los miembros del Ocad Paz que decidieron sobre los proyectos de 2021 fueron: Emilio Archila, ex consejero para el posconflicto; los alcaldes de La Paz, Cesar, Martín Zuleta; y de La Uribe, Meta, Marcelino Chacón; el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el gobernador de Arauca, Facundo Castillo”.

La secretaría técnica del Ocad Paz era ocupada en ese momento por Álvaro Ávila, quien se desempeñaba como director del Sistema General de Regalías del DNP. Su nombre también aparece mencionado por varios alcaldes. Algunas de esas denuncias llegaron al despacho de Archila, quien solicitó su retiro del cargo. El nombre de Luis Alberto Rodríguez es el mejor posicionado para llegar a la Contraloría General.

¡Robarse los dineros de la paz es un crimen!

Uno de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en la negociación con las Farc en La Habana fue el de desarrollar proyectos que beneficiaran a los municipios más afectados por el conflicto armado.

Era la mejor manera de pagar la deuda que por décadas ha tenido el Estado colombiano con las comunidades más vulnerables. Para pagar esa deuda con obras fue que nació el Ocad Paz. Robarse esos recursos es un crimen.

Quienes se quedaron con esa plata y se enriquecieron con esos recursos deben ir presos. Punto.

Sobre ellos debe caer todo el peso de la Ley. Quienes ayer eran modestos empleados y hoy hacen ostentación de su riqueza en medio de la pobreza de sus paisanos deben recibir castigos ejemplarizantes.

¿De dónde provienen los recursos para construir mansiones y celebrar bodas fastuosas de cientos y miles de millones?

Las autoridades deben rastrear hasta el último centavo de quienes hoy de manera afrentosa derrochan a manos llenas miles de millones de pesos, sin tener cómo justificar esa riqueza.

En Colombia nos cansamos de la corrupción y de los corruptos. Mientras los saqueadores no reciban castigo, el cáncer de la corrupción seguirá acabando con Colombia.