La solución adoptada hace más de veinte años para darle acceso a la carga que entra y sale del puerto de Cartagena fue la obra denominada “Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena”, diseñado con un recorrido desde la entrada a la Sociedad Portuaria, en Manga, hasta el corregimiento de Pasacaballos, kilómetro 18. Siendo un corredor de carga que beneficiaría directamente al sector portuario, industrial y comercial de la ciudad, el costo de su obra fue pagado por el pueblo, mas no por los beneficiados. El pago de peajes fue establecido para todos los vehículos y para todo el mundo, sin distinción alguna; situación que siempre consideré inadecuada, desproporcional y abusiva. El cobro debió implementarse a la entrada y salida del corredor, no dentro de la ciudad de la manera en que se hizo. Con la ubicación indudablemente estratégica de los peajes, indujeron y obligaron a la ciudadanía a pagar por transitar unos cuantos metros en la vía, sin tener otra opción. 

A lo largo del corredor se ubicaron cuatro casetas de cobro de peajes urbanos, diseñados para recaudar los fondos necesarios para devolver los dineros tomados en préstamo por el concesionario a la banca y financiar la construcción de la vía, la misma que quedó congelada en el tiempo, que nunca fue modernizada, y que, debido a la ausencia de pasos peatonales, señalización, controles de velocidad, la convirtieron en una vía con alto índice de accidentes, decenas de personas perdieron la vida, y las que faltan, si no se hacen correcciones al diseño. 

Siempre pensé que si el objeto de construir un corredor de carga era para suplir la necesidad de resolver la movilidad de la carga hacia el puerto, debía ser este y los transportadores quienes asumieran el pago de su construcción y no todos los ciudadanos.

Ante el inconformismo por los abusos y la mala calidad de la vía, lo insegura y el cobro de doble peaje en algunos trayectos, decidí promover una acción popular pidiendo la reubicación o la eliminación del peaje de vikingos. A pesar de haber obtenido fallo favorable en el año 2008, fue casi siete años después que desmontaron el tan abusivo cobro, del que obtenían provecho a costas del pago de doble peaje por parte de comunidad de Albornoz y los que se ubican en el sector y en las zonas aledañas a la vía. 

De los grandes abusos que en 20 años nunca se corrigieron, estaba el límite de una hora establecido para transitar, donde agotados los sesenta minutos se generaba nuevo cobro, hoy, después de las insistencias y denuncias de un grupo de ciudadanos, se tienen indicadores de la presencia de un detrimento patrimonial que supera los trescientos mil millones de pesos $300.000.000. Razón por la cual, debe ser suspendido de inmediato el cobro de peaje e imponerse las acciones sancionatorias, disciplinarias y penales, en contra de quienes permitieron tremendo abuso. Los alcaldes, directores de valorización, directores de Edurbe, contralores, procuradores, que, durante años, permanecieron ciegos, sordos y mudos, serán protagonistas de tremendo escándalo, que, de resultar probado, los pondría tras las rejas, en el lugar adecuado para los hampones, y estaríamos ante un hecho que  bien podría ser catalogado como: “El tumbe del siglo”.