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La puja por el salario mínimo

Esperemos que el gobierno no termine definiendo por decreto el aumento del mínimo antes de finalizar el año, y por el contrario, todas las partes involucradas en la negociación puedan colocar su grano de arena, los sindicatos aceptando un aumento más moderado del salario mínimo; y los empleadores y el gobiernos comprometiéndose con ajustes que permitan sostener la reactivación económica y recuperar empleos para así poder mejorar el consumo y las condiciones de vida de los hogares más afectados por la pandemia. 

En algunos países, el salario mínimo es considerado un instrumento para corregir los problemas de ineficiencia del mercado laboral; mientras que en otros, el objetivo es poder mejorar la productividad y reducir la pobreza y desigualdad en la medida que beneficia a la población que percibe bajos salarios. 

En los próximos días en el país se instalará la Mesa de Concertación Laboral para lograr consensos sobre el incremento que tendría el salario mínimo en 2022. Esta discusión será especial si se tiene en cuenta que Colombia presenta varios escenarios complejos. Por un lado, está la necesidad de mantener el empleo el próximo año, donde la dinámica de crecimiento económico se estabilizará, por lo que será necesario mantener la relación PIB y generación de empleo, la cual está ligada y dependerá de los altos costos de creación de puestos de trabajo formal. Por el otro, el impacto económico y social causados por la pandemia; y, finalmente, las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo año.

El debate sobre el alza del salario estará condicionado al resultado de la inflación y a la productividad; ambas afectadas por la pandemia. La subida de los precios generada por la reactivación económica, el paro y las alteraciones en el ritmo del flujo de comercio internacional podría cerrar el año en 4,7 %, dato que superaría el rango de meta fijado por el Banco de la República. Para el caso de la productividad sus afectaciones se explicarían en gran parte por los cierres masivos por razones de salud pública que afectaron el número de horas trabajadas y  las nuevas modalidades de relaciones laborales.

De momento,  ni el Gobierno, ni centrales obreras, ni gremios se han metido de lleno en la discusión; el único punto de referencia que se tiene es la encuesta de expectativas económicas realizada por el Banco de la República donde el ajuste salarial se espera sea del 4,1 % de cara a 2022. Algunos empresarios han manifestado su deseo de que el incremento salarial se ubique por encima de la inflación. 

Lo cierto es que, teniendo en cuenta los incrementos históricos salariales en el país este estaría entre el 5 % y 6 % en 2022. Esperemos que el gobierno no termine definiendo por decreto el aumento del mínimo antes de finalizar el año, y por el contrario, todas las partes involucradas en la negociación puedan colocar su grano de arena, los sindicatos aceptando un aumento más moderado del salario mínimo; y los empleadores y el gobiernos comprometiéndose con ajustes que permitan sostener la reactivación económica y recuperar empleos para así poder mejorar el consumo y las condiciones de vida de los hogares más afectados por la pandemia. 

Es un momento histórico, y ojalá que no se pierda la oportunidad de rediseñar y repotenciar estos espacios de negociación en donde se incluyan y se tengan en cuenta los nuevos desafíos y retos de la “nueva” normalidad laboral. Por lo pronto, solo hasta finales de año sabremos en qué terminará la puja por el salario mínimo. 

*Directora de Fundesarrollo.

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